Llaman a declarar como investigados a la Junta de Gobierno de 2011

Los siete concejales que en 2011 aprobaron con todos los informes técnicos en contra, la licencia de obras para que la plaza de toros ampliara las dimensiones del ruedo y cumpliera la normativa, deberán declarar como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero, por un presunto delito de prevaricación administrativa.Los denunciados son la alcaldesa Raquel González, los todavía concejales del Partido Popular, Azucena Esteban y Emilio Berzosa; la concejal de Ciudadanos (entonces Partido Regionalista), Elia Salinero, y los ya ex concejales, Javier Rojas y Ángel Calvo (PP) y José Ignacio Díez Arranz (Prcal). Además se pide la asistencia, también como investigado, del arquitecto municipal, Raúl de Frutos.Todos ellos deberán comparecer en el juzgado el próximo día 27 de febrero a partir de las 9.30 horas. Se libra el popular Máximo López, quien no asistió por encontrarse en Madrid de viaje.PlataformaTodo parte de una querella (vía penal) que interpone la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros con el apoyo de las formaciones políticas de Sí se Puede y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), a raíz de la sentencia judicial en la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmaba la nulidad de la licencia de obras que el Ayuntamiento concedió a Toros Ricor S.L., en 2011, para ampliar las dimensiones del ruedo.El auto no sólo desestimaba los recursos que habían presentado la empresa y el Consistorio, también dejaba entrever que las cosas no se habían hecho bien. Al juez le llamaban «poderosamente la atención» coincidencias como que la Junta de Gobierno adoptase la decisión sólo 2 días después de que la empresa hubiese presentado el proyecto; Y cuestiones como que no se requiriera el visado del Colegio de Arquitectos, admitiéndose el proyecto a pesar de haber informes jurídicos en los que el entonces secretario municipal y la letrada de obras recomendaban la demolición de la construcción al haberse demorado «por largo tiempo» las diferentes modificaciones exigidas.El tribunal adopta ahora esta medida, según adelantó ayer la Cope, tras haber escuchado cómo los técnicos se reafirmaban en sus informes contrarios. En el periplo judicial, recordar que se trata de un hecho acaecido en 2011 y sobre el que todavía falta el contencioso que emprendió la plataforma ciudadana contra los cuatro concejales (Raquel González, Azucena Esteban, Marian Marín y Alfonso Sanz) que otorgaron la licencia definitiva a la plaza de toros en 2014, también con informes en contra.