El caso Proincove inicia una nueva etapa desde el ámbito penal

Ocho meses después de que el grupo municipal Sí se Puede llevase a la Fiscalía el caso Proincove con el fin de que se investigase un posible caso de dejación de funciones por parte de algún concejal o de información privilegiada, el Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda de Duero coge el guante y abre diligencias. Así lo afirma la cadena Ser donde se apunta como primer investigado a Mariano Velasco, el empresario que se vio beneficiado por la ocupación irregular que realizó el Ayuntamiento de Aranda en un terreno de su propiedad en el margen derecho del río Arandilla y por la que el tribunal condenó al Consistorio al pago de siete millones de euros. El juez investigará si hubo información privilegiada, tráfico de influencias o un posible delito de prevaricación. Según esta emisora, podría haber más investigados en el ámbito político y técnico.La noticia coincide con una reclamación en la que el juzgado pide al Ayuntamiento que explique cómo va a pagar los tres millones de euros que faltan por abonar. Hay que recordar que hasta ahora ha desembolsado más de cuatro millones. El último pago, de 1,9 millones, se ha hecho con cargo a los presupuestos de 2017 para dejar de ingresar los 237 euros que el Ayuntamiento abonaba en concepto de intereses cada día.La noticia corrió ayer como la pólvora. Horas de mucha confusión en las que ni el único abogado de la constructora, Javier de la Morena, ni el portavoz del grupo municipal Sí se Puede, Mario Martín Veganzones, sabían nada. Tampoco el ex alcalde socialista, Luis Briones.No era la primera vez que el caso se llevaba a la Fiscalía. Aunque el primer partido que lo anunció fue el PP -en noviembre de 2012-, fue la socialista Mar Chamorro la que dio el paso un mes después al entender que los populares habían puesto en entredicho su papel por el hecho de trabajar para la empresa constructora y que su marido -entonces compartía despacho con el alcalde Luis Briones- fuese el representante legal de Proincove. La alcaldesa, Raquel González, presentó el expediente años después pero en ambos casos el resultado fue el mismo: el órgano devolvió la documentación solicitando al Consistorio que fuera más concreto en sus dudas para agilizar la labor de investigación.Ante este requerimiento, cuando Sí se Puede se puso en contacto con la Fiscalía sumó a los 1.000 folios del expediente un informe de seis páginas en el que dejaba constancia de las dudas y las preguntas pendientes de resolver. La formación morada adjuntaba además dos anexos, uno con la cronología de los hechos y otro con los nombres de los concejales que han ostentado la responsabilidad de Urbanismo y Medio Ambiente en los años en los que se desarrolló el proceso -desde principios de 1999 hasta su entrada en la vía judicial en 2012- sin olvidar a los técnicos que se han encargado de los distintos trámites.«Por este tema se ha condenado al Ayuntamiento a pagar una deuda millonaria y hay que saber qué ha pasado», justificaba entonces la concejala de Sí se Puede, Laura del Pozo, convencida de que un asunto así no puede quedar sin responsables.Por otra parte, este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con la alcaldesa para conocer su opinión.