El Pleno rechaza un solo juzgado para los casos de cláusula suelo

La Diputación aprobó ayer en el Pleno una moción apoyada de forma unánime por todos los grupos políticos, para exigir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que desista en su intención de destinar todos los litigios sobre las cláusulas suelo a un único juzgado, éste ubicado en la capital de cada provincia. «Medida que supone hurtar a los afectados saber en qué punto se encuentran dichos procesos, al no remitir la información pertinente a los juzgados cercanos a su domicilio, a la par que se dificulta su derecho a litigar, reconocido tanto por el derecho nacional como el europeo», argumentó el presidente de la Institución Provincial, César Rico, poniendo así voz común a toda la corporación.«Además de cargar sobre el ciudadano del mundo rural la asunción de costes e inconvenientes al obligarle a trasladarse a Burgos para defender sus derechos», añadió. Así como la pérdida de actividad judicial en los propios juzgados existentes en el mundo rural, «lo que en un futuro podría servir de base para reducir sus atribuciones o eliminarlos».Por todo ello, la corporación expresó «su más profundo rechazo a la medida tomada por el CGPJ -y publicada en mayo en el BOE-, y solicitó su derogación, a la vez que la devolución del conocimiento de los litigios a los juzgados correspondientes al domicilio del consumidor».Otra de las mociones que a pesar de las críticas previas del resto de grupos logró el acuerdo unánime, fue para pedir a la Junta que cuente con la opinión de las entidades locales menores a la hora de trazar los futuros planes de empleo. Propuesta presentada por el PSOE, su portavoz David Jurado reconoció estar basada en una similar aprobada en octubre de 2016, a instancias de la petición trasladada a las Cortes por parte de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).Confesión que le valió el reproche de ser «un corta y pega», por parte de la bancada de Ciudadanos (C’s), y de «continuismo» desde la de Imagina. «Ya que no piden que se cambie nada, olvidando que no todos los pueblos tienen voz en el seno de la FRMP», criticó el portavoz de Imagina Burgos, Marco Antonio Manjón. A pesar de todo, salió adelante.Distinto final tuvo, sin embargo, la defendida por Manjón, en la que solicitó que no sólo los alcaldes y secretarios municipales puedan requerir informes jurídicos y urbanísticos a los técnicos del Servicio de Asesoramiento de la Diputación (Sajuma), tal y como marca en su contenido el borrador de la futura carta de servicios en la que ya se trabaja. «Sino que puedan pedirlos desde la oposición y alcaldes pedáneos, teniendo así todos las mismas oportunidades».«Y evitando que se pongan trabas al deseo de esclarecer dudas que la oposición pueda tener sobre la gestión de un alcalde, al negarse éste a pedir ese informe», justificó.Propuesta que, sin embargo, no contó con el apoyo del resto de grupos, cuyos portavoces argumentaron el hecho de que «no es un alcalde quien pide un informe sino que lo hace en nombre del ayuntamiento -del que forma parte toda la corporación-, el cual puede ser posteriormente consultado por cualquiera de sus miembros», afirmó el portavoz de (C’s), Lorenzo Rodríguez.«Informes de los que se remite una copia en caso de estar implicada una pedanía, con lo cual éstas también tienen la posibilidad de conocer el contenido de dicho documento informativo», añadió su homólogo del PP, Borja Suárez. «Además de que todos los ediles pueden consultar la información que va aparejada a todo trámite, tal y como marca la Ley de Procedimiento Administrativo». afirmó. «Y si aún así hay dudas, debe denunciarse ante los tribunales, no pedir un contrainforme a un secretario o un técnico», añadió Jurado.Tampoco salió adelante la propuesta defendida desde Ciudadanos por José María Fernández, en la que solicitó la realización de «un protocolo de retroalimentación a través de consultas a nuestros clientes -que son los ayuntamientos y los propios trabajadores-, para saber qué puntos mejorar y cuáles potenciar, siendo la Junta de Gobierno la que desarrolle las pautas de puesta en marcha».Como respuesta -y tras evitar todos referirse a los ayuntamientos como ‘clientes’ «por no ser la Diputación una empresa privada», afirmó Suárez-, éste recordó que desde la Institución Provincial ya se realiza esta búsqueda de grado de satisfacción, «como el informe recientemente realizado por la Sociedad para el Desarrollo de Burgos (Sodebur).Desde Imagina, Manjón reprochó a C’s que traiga peticiones como este sistema de recabado de opiniones, «y luego rechace vías de expresión de los pueblos como la posibilidad de pedir la oposición informes al Sajuma», en alusión a su moción rechazada en este mismo Pleno.