El Senado rechaza la pretensión de Bildu sobre la anexión de Treviño

Nueva intentona con el mismo resultado. El Senado rechazó ayer la moción presentada por EH-Bildu en el pleno de la Cámara Alta para integrar el Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón en la provincia de Álava. La propuesta, defendida por Jon Iñarritu, tuvo como respuesta 209 votos en contra, 28 a favor y cuatro abstenciones. Y como era de esperar, el Partido Popular criticó duramente los planteamientos de la formación nacionalista.«No acepto que se incumpla el marco legislativo que nos dimos entre todos. No se pueden utilizar atajos para incumplir nuestra Ley porque existe un marco legal, e igual que nosotros respetamos el Estatuto de Autonomía de Gernika, les pido que respeten el Estatuto de Castilla y León», respondía la senadora del PP por Burgos, Begoña Contreras, expresando de primeras el rechazo de su grupo a la propuesta.Previamente, a la hora de exponer sus argumentos, Iñarritu centró su mensaje en la prestación de servicios mientras la reivindicación histórica, siempre presente, quedaba en un segundo plano. Así pues, expuso los problemas que a su juicio padecen los ciudadanos del Condado a la hora de acceder a servicios básicos como la educación, la sanidad o el mantenimiento de carreteras. En base a ello, consideró que los vecinos de ambos municipios son víctimas de una «precariedad continua» que ha provocado «desgracias y problemas» a causa de los «retrasos y problemas de coordinación» entre administraciones.Durante su exposición, recogida por la Agencia Ical, el senador nacionalista señaló que la pertenencia del Condado a la provincia de Burgos constituye un «anacronismo histórico» y una «injusticia administrativa» cuya única solución depende del «sentido común».Por otra parte, el senador del grupo parlamentario mixto reiteró que el pasado 23 de junio los ayuntamientos de Treviño y de La Puebla de Arganzón acordaron en pleno una nueva moción con el objetivo de buscar una «solución democrática» basada en el «respeto a la palabra y la decisión de los habitantes del enclave».En respuesta a las críticas sobre la prestación de servicios, Contreras remarcó que «nuestra Comunidad Autónoma presta unos servicios públicos magníficos. No lo decimos nosotros, lo dicen las valoraciones externas de esos servicios». Además, recordó que pese a tratarse de la región «más extensa de Europa», Castilla y León brinda servicios sanitarios «a todos los ciudadanos residan donde residan» con independencia de su «tamaño, dispersión y despoblación».Asimismo, la senadora popular hizo hincapié en el acuerdo marco adoptado el pasado mes de abril entre las diputaciones de Burgos y Álava para la prestación conjunta de servicios en 13 áreas que recibió el visto bueno de las corporaciones treviñesas pese a no desistir en sus anhelos de segregación. «En eso estamos implicados, en trabajar para y por las personas, dejando de lado las diferencias y solucionando problemas», concluyó.Cabe recordar que por aquel entonces, los representantes políticos del enclave mantuvieron encuentros con los portavoces de los grupos representados en la Diputación de Burgos. Su percepción, tras la tanda de reuniones celebrada en la misma mañana, fue de una mayor flexibilidad para alcanzar una solución negociada en caso de que las administraciones superiores tuviesen en cuenta sus pretensiones.En medio de este «desaguisado», tal y como lo definió Iñarritu, el senador socialista Emilio Álvarez subrayó que lo más importante, más allá del conflicto territorial, es la prestación eficaz de servicios públicos. Para ello, insistió en que resulta fundamental propiciar un «amplio y profundo diálogo» entre el País Vasco y Castilla y León por la «vía del acuerdo».Los apoyos desde filas no nacionalistas llegaron desde el grupo parlamentario de Podemos. Según explicó el senador de la formación morada José Arrieta, los habitantes de ambas localidades «no piden la independencia, simplemente piden pertenecer jurídicamente al país en el que viven».

Entretanto, el PNV, a través del senador Victoriano Gallastegui, solicitó que se incorporase una enmienda al texto planteado por Bildu para promover una «solución legal mediante la aprobación de una ley orgánica».