La Junta está a la espera para negociar la gestión residencial

Afirma que la Diputación no les ha pedido «hacernos cargo de las residencias», mientras desde ésta aseguran que «se lo hemos dicho por activa y por pasiva»

(De izq. a dch) López, Conde, De Pablos, Fernández Mardomingo y Paniego en la sede de la Junta.-R.O.

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M. M.
Burgos

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El gerente de Servicios Sociales de la Junta, Carlos Raúl de Pablos, explicó que la competencia gestora de las residencias de mayores «es provincial», y la Diputación puede proponer a la Junta que asuma dicha gestión, «abriéndose así una mesa de negociación entre ambas, la cual iniciaremos en cuanto nos transmita la Diputación dicho deseo, lo que no ha hecho aún». Con estas palabras, el responsable regional reavivaba la polémica, nunca aparcada por cierto, sobre a quién corresponde costear el gasto que generan las cinco residencias de mayores.Afirmaciones que desde el área de Bienestar Social de la Diputación llevaron a su responsable, el diputado provincial Jorge Mínguez, a invitar a De Pablos «a preguntar ya que dicho reclamo estará en algún rincón de Servicios Sociales», ironizó. «Porque ya no sabemos cómo pedírselo, en estos años se les ha dicho por activa, por pasiva, dando curso a una moción aprobada en Pleno e incluso verbalmente el propio presidente César Rico a la consejera de Servicios Sociales», afirmó.Fechó incluso la última petición la pasada semana, cuando Rico recordó que el servicio residencial genera a la Diputación un déficit de casi 17 millones de euros, «tras restar el montante que pagan los usuarios y los 7 millones de euros del Acuerdo marco que nos llegan del Gobierno central, porque insisto que la Junta no nos da nada ya que sólo es intermediaria de lo que nos destina el Estado», incidió el diputado provincial.44,18 mE para BurgosPolémicas aparte, Carlos Raúl de Pablos -a quien acompañó la gerente de Servicios Sociales en Burgos, María Antonia Paniego-, presentó ayer en Burgos el contenido del nuevo Acuerdo Marco firmado la pasada semana, a través del cual el Gobierno regional ayudará a las corporaciones locales a financiar los servicios sociales con una aportación de 316,7 millones de euros. De ellos, 44,18 millones serán para el conjunto de la provincia de Burgos, que se repartirán entre los ayuntamientos de Burgos (13) Aranda de Duero (4,66), Miranda de Ebro (5,73) y la Diputación Provincial (20,77 millones), ésta última como garante de los municipios de menos de 20.000 habitantes.Cifra que como destacó De Pablos, «se incrementa en un 4,12% y para un año más, pues el acuerdo pasa de ser bianual a trianual al aplicarse de 2017 a 2019», detalló. Mayor duración que agradecieron los concejales de Servicios Sociales de los consistorios de Burgos y Aranda. Gema Conde y Máximo López respectivamente- y junto a quienes excusaron su ausencia representantes de la Diputación y del Consistorio mirandés-, «pues nos permite planear con tiempo las necesidades de contratación y ampliación de servicios», comentó Conde. «Y aunque satisfechos con la aportación, evidentemente, con más dinero haríamos más», añadió López.Éste último mostró también su satisfacción «ante la sensibilidad de la Junta al atender necesidades específicas de cada territorio en lugar de generalizar servicios e iniciativas, «lo que da lugar a que haya programas que se impulsan en lugares concretos, por ser más allí sus demandantes».profesionalesEl gerente regional destacó que el acuerdo marco hace así hincapié en tres grandes áreas como son, en primer lugar, los profesionales del ámbito social, más de 1.220 en los 189 CEAS (Centro de Acción Social) de la región, «siendo 12,18 millones de euros los que se dedicarán en Burgos a mejorar sus condiciones de trabajo, así como a la contratación de 8 personas que se destinarán a reforzar diferentes servicios».La segunda gran área que se reforzará en este nuevo Acuerdo Marco, continuó el responsable regional de Servicios Sociales, serán actuaciones vinculadas a diferentes aspectos vinculados a la discapacidad, «entre ellas medidas para lograr reducir el reconocimiento de la discapacidad de 6 a 3 meses, y que supondrá dedicar a ello, sólo en Burgos, una partida de 22,8 millones».Destacó así, dentro de dicho sector, algunos de los principales programas a reforzar, como el de Ayuda a domicilio, «pues al ser Castilla y León la única región que ha incorporado el Grado 1 eso supondrá más demanda de prestaciones, por lo que en Burgos se destinarán a éste 17,91 millones», cifró. Se sumarán 18.900 euros para formar a cuidadores de enfermos, 609.000 euros para actuaciones dirigidas a envejecimiento activo y atención a mayores así como de atención temprana de 0 a 6 años, o los 291.000 euros destinados a la teleasistencia.El tercer pilar del contenido del acuerdo es finalmente la Red de protección de familias y personas necesitadas, dotado en la región con 52,64 millones de los que 9,18 serán para Burgos. Entre ellos, 2 millones para el servicio de apoyo familiar a familias vulnerables -en el que trabajan 21 profesionales-; 391.000 euros a proyectos de apoyo a niños y adolescentes en riesgo, o los 2,2 millones para ayuda de urgencia social, «entre las que se atiende a situaciones de deuda hipotecaria, familias con todos sus miembros en paro o mujeres embarazas en situación de vulnerabilidad», detalló.

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