El TSJ rebaja los intereses de Proincove en 120.000 euros

Mientras continúa la instrucción del proceso penal que investiga si en el caso Proincove se incurrió en algún tipo de delito, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha decidido admitir el recurso planteado por el Ayuntamiento de Aranda de Duero para rebajar en 120.000 euros los 2,1 millones de euros que sobre el papel debía haber abonado en concepto de intereses, dentro de los casi 8 millones de euros que el Consistorio tiene que abonar por haber ocupado de forma irregular una parcela que era propiedad de la constructora Proincove, en el margen izquierdo del río Arandilla.La resolución limita los intereses a 1,9 millones al rebajar el tipo de interés, para el cálculo, del 5%, que pedía la parte ejecutante al 3%, por lo que ese será el porcentaje que se deba tener en cuenta a partir del 3 de julio de 2017.Para afrontar el pago, el Ayuntamiento solicitó un préstamo de 2.500.000 euros. «Se está tramitando en Intervención y estábamos a la espera de esta sentencia para pagar lo que queda», explica el concejal de Hacienda, Emilio Berzosa, convencido de que, una vez abonado el capital y al tener los intereses en juicio, «no puede haber intereses de intereses». Pero la cuestión no es tan clara. Según el abogado del constructor, Javier de la Morena, se están generando intereses de intereses que «se tienen que liquidar» porque «el auto los concede».La motivación del falloPara lograr esa «rebaja», el Ayuntamiento se aferró al fallo del sistema Lexnet por el que el juzgado debía haber comunicado al servicio jurídico municipal -tras la baja del Letrado Mayor- la valoración de los intereses que aportó la constructora Proincove. Al no recibir la notificación a tiempo, el Consistorio no tuvo la capacidad de negociar los intereses y se produjo, según entiende el juez, una situación de indefensión. Con el recurso, la Corporación no solo ganó tiempo -el plazo para realizar el pago expiraba el pasado 5 de febrero-, también ha conseguido reducir el importe al retrotraerse las actuaciones hasta el 28 de septiembre de 2017 y poder negociar a la baja. Cabe recordar además que de los cerca de 8 millones de euros del total de la deuda ya se han abonado 5,3 millones. Asimismo, si tenemos en cuenta que el proceso judicial comenzó en el año 2012, el Ayuntamiento ha pagado en concepto de intereses 331.027 euros al año. Es decir: 906 euros al día.Aunque el expediente entró en vía judicial en 2012 cuando el empresario presentó denuncia, ha sido este año cuando el Juzgado Número 1 de Aranda de Duero ha decidido investigar si se incurrió en un presunto delito de información privilegiada, tráfico de influencias o incluso prevaricación al darse la coincidencia de que el abogado del constructor es el marido de la entonces concejala de Promoción y Desarrollo, Mar Chamorro, y ex socio del entonces alcalde, Luis Briones.La denuncia partía de Podemos, que facilitó a la Fiscalía los 1.000 folios del expediente más un informe de seis páginas en las que se dejaba constancia de las preguntas pendientes de resolver. Tras la primera declaración -como imputado- del principal beneficiado, el empresario, Mariano Velasco, la instrucción iba a continuar esta semana. Sin embargo, la coincidencia con juicios rápidos, que tienen preferencia, obliga a esperar al mes de septiembre u octubre. El segundo en declarar será el ex responsable de Aguas y Urbanismo, Carlos Sacristán, como director del proyecto de recuperación de Ribera que el Ayuntamiento llevó a cabo en esta polémica parcela en 1999.Habrá que esperar para ver si la jueza admite la petición de la acusación para que declaren otros testigos como el todavía concejal -antes del PSOE y ahora del RAP- Eusebio Martín o, como imputados, el abogado del constructor, Javier de la Morena, y su mujer, la ex concejala socialista, Mar Chamorro.A pesar de que el pasado 11 de abril el empresario respondió durante hora y media a las preguntas que le plantearon los cinco abogados presentes en la sala, el abogado de la acusación, Julián Mateos, dejó claras sus dudas. «La sospecha sigue en alto», advertía a la salida.