El PSOE pide la dimisión de la alcaldesa por la ‘revocación’ del PGOU

Un día antes de que el Pleno del Ayuntamiento de Aranda de Duero revoque hoy la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por un defecto de forma en el procedimiento; la portavoz del PSOE, Mar Alcalde, exige la dimisión de la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González. «Si fuera una trabajadora de una empresa privada estaría en la calle. Se tiene que marchar del Ayuntamiento ya», apremia al recordar que la regidora lleva ocho años con el PGOU sobre la mesa. «Ha demostrado que es incapaz de adaptarnos a la Ley de Urbanismo de Castilla y León», rechaza.Alcalde extiende su exigencia al concejal de Urbanismo que lleva cinco años al frente de este importante proyecto: Alfonso Sanz. «Con esta revocación paralizan toda oportunidad de progreso y posibilidad de crecimiento», censura sin olvidar a los dos partidos que les sustentan, Ciudadanos y Vox. «Este barco hace aguas por todos los sitios, no pueden seguir al mando», urge.Aunque dará los detalles jurídicos esta tarde en el Pleno, la portavoz socialista entiende que la revocación que el letrado mayor aconseja en un informe -para subsanar la falta de publicación de la aprobación provisional en un medio de comunicación de difusión- no solo supone retrotraer el expediente a octubre de 2014 (fecha de la aprobación inicial), implica también -según ella-, volver a la casilla de salida por lo que el documento que ha costado 400.000 euros a las arcas municipales perdería su validez. «Es una incompetencia, una negligencia y una dejadez de funciones en toda regla», rechaza indignada por la excusa dada por el equipo de Raquel González. «Ya está bien de echar la culpa a los técnicos. ¿Dónde queda la responsabilidad política? ¿Saben lo que es?», cuestionaba la socialista.En su opinión, además el Ayuntamiento de Aranda se expone a reclamaciones millonarias que va a dejar casos (como el de Proincove) en un juego de niños. Y es que, según ella, el Ayuntamiento ha exigido a la hora de conceder licencias -en este periodo de impasse-, que se ajustasen a la normativa que se iba a aprobar en lugar de seguir el Plan del año 2000. Un extremo que niega en rotundo el concejal responsable del área de Urbanismo, Alfonso Sanz. «Nunca se ha pedido eso», zanja mientras pone como ejemplos Tapias Blancas, la Unidad Virgen del Carmen o la ARU 33 de la plaza de Toros. «Todos siguen el Plan del 2000 como es lógico», aclara Sanz a sabiendas de que luego habrá que adaptar el nuevo Plan a todas estas nuevas circunstancias.El edil del PP niega además que la revocación obligue a empezar de cero y a realizar un nuevo proyecto. «El documento será el mismo», garantiza sorprendido por el hecho de que el PSOE diga que la revocación obligará a esperar otros cinco años. «Para nada, el informe estará hecho el 31 de diciembre».DudasAunque se espera que la votación plenaria salga con los votos del PP y de Ciudadanos, el resto de partidos optará por la abstención, en su mayoría. Y es que, hay dudas. Para Vox, el Partido Popular se precipita al convocar un pleno extraordinario, con prisas, sin comprobar con un informe jurídico más detallado que efectivamente todo lo demás está correcto y que no va a haber más problemas. «No es que dudemos de los informes técnicos pero en Derecho, dos y dos no son cuatro», advierte el concejal de la formación verde, Vicente Holgueras, convencido de que ante un tema tan complejo hay que llegar con todas las garantías.En su opinión, «todo el mundo se puede equivocar» pero el equipo de gobierno ha fallado en las formas al no dar una explicación a la ciudadanía.Para Izquierda Unida, es necesario que se abra un expediente para investigar dónde ha estado el fallo y depurar responsabilidades. «No puede ser que por un fallo en la tramitación tengamos que retrotraer cinco años de trabajo», lamenta el portavoz de Izquierda Unida, Jonathan Gete, convencido de que aunque las primeras miradas apuntan al anterior secretario, «puede haber más» responsables.Desde el equipo de Gobierno asumen la circunstancia pero garantizan que este «retroceso» no implicará un sobrecoste a los 400.000 euros que ha costado la actualización del PGOU. Además aboga por ampliar la nueva exposición pública de uno a dos meses -para ser más garantistas-, y confía en poder llevar a Pleno el documento completo a primeros del mes de enero.