Briones y Chamorro amenazan con interponer una querella contra Rojas

L. V. / Aranda

Las declaraciones en las que el concejal Javier Rojas anunció la intención del PP de llevar a la Fiscalía al PSOE por el caso Proincove, como defensa al auto judicial que obliga al Consistorio, como medida cautelar, a devengar a la constructora 4 millones de euros por haber ocupado un terreno de su propiedad sin haberlo expropiado, (y al considerar que la concejala Mar Chamorro trabaja para la empresa interesada y que su marido, el abogado que representa a la constructora, compartía despacho con el entonces alcalde, Luis Briones), no han caído en saco roto. Y tanto el portavoz socialista, Luis Briones, como la concejala Mar Chamorro, advierten de que, si el edil no rectifica en el plazo de un mes, interpondrán sendas querellas criminales por intromisión ilegítima al honor y por calumnias. «No quiero su dinero, le voy a pedir dos años de prisión», avanzó Briones, quien exige además su dimisión. «Si no lo hace, la alcaldesa le estará avalando».

Y es que, para Briones, el PP ha creado tal alarma social «que no puede quedar así», afirma. «En el tiempo en que fui alcalde, no se hizo ni una sola resolución ni a favor ni en contra, y no me siento incompatible porque no he participado ni como abogado ni como alcalde, que podría haberlo hecho», aclara.

Además, el socialista considera que el PP acude a la Fiscalía con dos objetivos: paralizar la ejecución del pago y esconder al verdadero responsable, Ángel Guerra. «Entiendo que las declaraciones del portavoz tienen por objeto confundir a la opinión pública cuando el responsable estaba a su lado», asegura en alusión a la rueda de prensa del PP y convencido de que la batalla judicial se ha perdido por su negligencia.

«Lo que tendrían que hacer es ir al Juzgado de Instrucción para que se instruya todo el expediente», apunta mientras recuerda que fue el PP el que ocupó el terreno el 16 de diciembre de 2005, sin haber iniciado el expediente de expropiación y sin realizar la valoración y la compensación oportunas. Dicho esto, el PSOE se muestra a favor de remitir el expediente al Ministerio Fiscal siempre que se mande el expediente completo «y no desaparezcan papeles como en la plaza de toros».

Por su parte, Mar Chamorro, defiende que el PSOE ha cumplido la ley de forma escrupulosa y que ella nunca tomó parte en ninguna actuación que afectase a esa empresa en la que no ha sido administradora.

Otro que estudia ir al Juzgado es Eusebio Martín, que asegura tener la conciencia muy tranquila y defiende al técnico que hizo la valoración ya que, la Junta de Castilla y León realizó otra «prácticamente coincidente» en el resultado.