La Junta ‘parcela’ el mapa rural en 176 áreas para «mejorar» sus servicios

La ordenación del territorio de Castilla y León entra en su fase más decisiva, la que afecta a sus pueblos, allí donde residen el 37% de los habitantes de la Comunidad. Aprobados ya en las Cortes los mapas urbanos –los 15 grandes municipios y sus alfoces–, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, presentó el borrador de los mapas rurales, abierto hasta finales de año a información pública.Se trata de una herramienta para agrupar los 2.233 municipios con una población inferior a 20.000 habitantes en 176 parcelas –denominadas unidades básicas de ordenación rurales–, que permitará, en un futuro a medio plazo, «mejorar» la prestación de servicios.No supone levantar fronteras físicas. Ni siquiera es un imperativo. «Por encima de todo, es voluntario (...) Buscar que [los municipios] sean más fuertes sin forzarlos», enfatizó el consejero. El objetivo es ordenar los pueblos a efectos administrativos, para que sus ayuntamientos y la Junta sean más «eficientes» al dar al ciudadano los servicios públicos que tienen encomendados.Los vecinos no van a percibir «alteraciones». Casi en el cien por cien de los casos, seguirán acudiendo al médico al mismo consultorio; llevando a sus hijos a la misma escuela, o a los mayores, al Ceas de siempre. «No va a haber muchos movimientos de centros sanitarios, educativos o sociales, porque la ley marca que las unidades básicas de ordenación deben coincidir con zonas básicas de salud y de acción social», explicó de Santiago-Juárez.Sí habrá más cambios en cuanto a los servicios municipales, porque la razón de ser de estos mapas rurales es, precisamente, planificar de forma ordenada y racional tareas como la recogida y tratamiento de residuos; el abastecimiento y depuración de aguas; o el alumbrado, a modo de ejemplo.Esto llegará en una fase posterior, con el nuevo modelo de mancomunidades previsto en la Ley, basado en la asociación voluntaria de los pueblos. En definir su funcionamiento y determinar la cartera «común y homogéna» de funciones trabaja ya la Consejería.El reto es que las administraciones locales, «a las que más trabajo les cuesta» cumplir con sus obligaciones, ofrezcan más por menos: «mejores servicios y de más calidad» a sus vecinos, ahorrando recursos públicos y demostrando al Ministerio de Hacienda, empeñado en recortar el mundo rural, que la rentabilidad social no está reñida con la económica. «Queremos mantener el rico y variado mundo municipal», apostilló el consejero.El modelo es el disponible y reglado ya para las unidades de ordenación urbanas, las de los 15 grandes. «Ellas ya pueden empezar a caminar; las que lo necesitan, no», señaló De Santiago-Juárez, para incidir en la importancia de la aprobación de los mapas rurales, que puede ser individual o en bloque; pero en una norma con rango de ley y por mayoría cualificada en las Cortes.

La delimitación de las 176 unidades básicas de ordenación se ha trazado conforme a los criterios que fija la Ley. El primero es demográfico: cuando la agrupación de los municipios contiguos suma entre 5.000 y 30.000 habitantes, lo que ha dado lugar a 92 unidades (el 52%). El segundo es la dispersión: cuando la unión de un mínimo de cinco pueblos tiene una densidad inferior a 15 habitantes por kilómetro cuadrado, criterio que ha alumbrado la definición de 77 unidades (el 43%).De forma excepcional, la Ley de Ordenación prevé agrupaciones de municipios por razones geográficas singulares, históricas o económicas, lo que ha dado lugar a siete unidades; o uniones entre pueblos de distintas provincias, especificidad que cumplen doce unidades.Cada unidad básica rural de las 176 trazadas sobre los mapas tiene una población media de 6.718 habitantes y aglutina 12,8 pueblos.