De la Rosa expresa su “decepción absoluta” porque la Junta rechaza aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas
El secretario de Organización del PSCyL entiende que “lo cuál puede producir lo que ha pasado en Madrid: que se utilicen esas viviendas para especular”, refiriéndose al desahucio de Maricarmen
El procurador socialista Daniel de la Rosa presenta iniciativas registradas en las Cortes de Castilla y León sobre la provincia de Burgos.
El secretario de Organización del PSCyL Daniel de la Rosa expresó hoy en Burgos su “decepción absoluta” porque la Junta rechaza aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas, tal y como se puso ayer de manifiesto en el Pleno de las Cortes con la moción del Grupo Socialista en materia de vivienda, que contó con la oposición de los grupos Popular y Vox.
La iniciativa socialista, rechazada por los 47 votos de PP y Vox, y apoyada por UPL y Soria YA, con la abstención de Por Ávila, planteaba el desarrollo de la ley de vivienda para dotar de un plan en esta materia a la Comunidad 16 años después de aprobarse esta norma. También, apostaba por la declaración de zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres o proteger a las mujeres víctimas de violencia de género en el acceso a una solución habitacional, entre otras medidas, informa Ical.
De la Rosa se refirió al desahucio ayer miércoles en Madrid de Maricarmen, una anciana de 87 años, con discapacidad, que tuvo que abandonar su piso al no poder pagar el alquiler que le pide un fondo de inversión y trasladó su “temor” de que pueda producirse “el mismo reflejo de la voluntad del Gobierno de Castilla y León” porque, lamentó, “ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Comunidad de Madrid han hecho nada”.
“Ante el debate y la moción que se presentó por el Grupo Socialista sobre la necesidad de armar un verdadero instrumento en todo nuevo consorcio en el que participe la Junta, los ayuntamientos, y también con financiación del Gobierno de España a través del Ministerio de Vivienda, en incrementar y multiplicar exponencialmente el número de viviendas públicas protegidas en nuestra Comunidad, hoy en Castilla y León, sólo el 1,5 por ciento del total del parque de viviendas tiene algún tipo de protección pública”, manifestó.
El también procurador socialista por la provincia de Burgos recordó el incremento de los alquileres que de media tenemos en las ciudades, y concretó que “en Burgos, no creo que se encuentre ningún piso por menos de 750-760 euros de alquiler”. “Aproximadamente estamos rondando en la media de la Comunidad los 10 euros por metro cuadrado, superando, incluso por mucho, la media de pago de hipoteca en nuestra Comunidad”, expuso, por lo que apeló a que “algo tenemos que hacer”.
Por ello, criticó que el PP “negara” ayer “la oportunidad de que en Castilla y León se aplique la ley de vivienda”. “Partido Popular y Vox están negando a muchos vecinos de Castilla y León la posibilidad, de alguna manera, de proteger su renta de alquileres, su capacidad de entrar a ocupar una vivienda pública; está negando la posibilidad de que aquí se declaren zonas tensionadas, teniendo la capacidad de hacerlo porque se cumplen con los requisitos en la mayoría de los principales municipios, los más poblados de Castilla y León”, manifestó.
Así, el secretario de Organización del PSCyL entendió que “su voluntad es no aplicar esa ley de vivienda, no declarar esas zonas tensionadas de alquiler, lo cual puede producir lo que ha pasado en Madrid: que se utilicen esas viviendas para especular, que los fondos buitre puedan acceder a ese mercado inmobiliario que mucha gente acabe abocada a irse de su casa”.
Asimismo, De la Rosa destacó que en el debate de ayer también se puso de manifiesto que “el único responsable de que Castilla y León se haya quedado fuera de las ayudas de ese futuro decreto por el cuál las tres comunidades autónomas sí que van a recibir financiación complementaria del Ministerio de Vivienda es porque el señor Mañueco y su socio, el señor Pollán, han decidido que Castilla y León no aplicará la ley de vivienda”. “Ésa es la única razón”, afirmó, al tiempo que aclaró que “no porque el Gobierno de España no quiera transferir fondos” sino porque “el señor Mañueco y el señor Pollán han decidido que aquí no se aplica la ley de vivienda”.