La crisis trunca la construcción de las nuevas cocheras de autobuses urbanos
El Ayuntamiento renuncia a este proyecto, presupuestado en nueve millones de euros
N. VILLAMIL / Burgos
El Ayuntamiento renuncia a construir las nuevas cocheras de los autobuses urbanos previstas en el polígono de Villalonquéjar desde hace casi tres años. El Gobierno local considera que no es un proyecto prioritario y prefiere destinar los nueve millones de euros que costaba a otras actuaciones.
Buena parte de esta operación iba a financiarse mediante la venta de las viviendas que iban a construirse en los terrenos que ocupan los actuales garajes de los autobuses urbanos en la Carretera de Poza.Pero no corren buenos tiempos para este tipo de operaciones, por lo que el Ayuntamiento prefiere dar marcha atrás.
El consejo de administración del Servicio Municipalizado de Accesibilidad, Movilidad y Transportes (SAMYT) resolvió ayer el contrato con la empresa adjudicataria de las obras, por mutuo acuerdo. Con esta resolución, Autobuses puso punto final a la adjudicación de la redacción del proyecto de ejecución, dirección técnica y coordinación de las obras de los nuevos garajes a la empresa MBG Ingeniería y Arquitectura S.L. en el año 2007.
Previo abono de los honorarios a los arquitectos por la elaboración del proyecto, el Ayuntamiento se desprende de este gasto que comporta una operación complicada por el contexto económico actual.
Explotación publicitaria
El consejo de administración del SAMYT abordó también ayer la nueva propuesta para la explotación publicitaria de los autobuses urbanos. Tras declarar desierto el concurso que convocó hace unos meses para adjudicar esta explotación, el área de Movilidad ha modificado los pliegos de condiciones para hacer más atractiva la oferta.
La propuesta que presentó el concejal de Movilidad, Esteban Rebollo, consiste en que la adjudicataria pague sólo por los autobuses «ocupados»; es decir, sólo los que tengan rotulados anuncios publicitarios. Ablanda así las condiciones que exigía en la anterior convocatoria, en la que la adjudicataria de la explotación publicitaria se vería obligada a pagar por la totalidad de la flota, «estuvieran o no rotulados todos los autobuses», precisó Rebollo.