Los vendedores ambulantes propondrán medidas para salvaguardar su actividad

L. B. / Burgos

Están preocupados. Y mucho. La obligada implantación de la normativa europea que regula la libre prestación de servicios modificará sustancialmente los requisitos para la adjudicación de las autorizaciones para la venta ambulante y los que se dedican a ella -generación tras generación, por cierto- temen que esto suponga su ruina, el fin de su medio de vida. «Somos más de 120 familias, con las consiguientes hipotecas y cargas, las que en Burgos dependemos de nuestros puestos», explica Enrique Jiménez, portavoz de los vendedores.

Con todo, les tranquiliza saber que la Concejalía de Comercio y Consumo trabaja -tal y como se lo ha hecho saber- para buscar una solución al problema. «En otras localidades han logrado adaptar sus ordenanzas sin perjudicar al vendedor habitual así que analizaremos las posibles medidas y propondremos aquellas que, dentro de lo que cabe, ocasionen menos daño. Se trata de reducir al mínimo las consecuencias negativas de la normativa», explica Jiménez.

Desde Comercio les han indicado que mantienen contactos con otros ayuntamientos del país así como con la Federación Española de Municipios y Provincias para coordinar una actuación conjunta en la materia.

La aplicación de la denominada directiva Bolkestein requiere eliminar algunas condiciones hasta ahora exigidas para optar al permiso de venta ambulante como son la obligación de estar empadronado en el término municipal concreto y la renovación automática de autorizaciones.

Jiménez -al igual que el resto de sus compañeros de sector, no sólo de Burgos, sino del resto de España- considera esta legislación agresiva, injusta y un atropello, pues no sólo hace peligrar su «única fuente de ingresos, en la mayoría de los casos», también restaría calidad a la profesión al impedir dedicarse a ella de una manera estable.

Para los mercadillos ocasionales de El Curpillos y las fiestas de San Pedro y San Pablo la norma se aplicará este mismo año. No será así en los mercadillos habituales, los que se celebran los miércoles, viernes, sábados y domingos pues las autorizaciones para 2010 ya se han entregado a los titulares del puesto. En este caso, la directiva europea entrará en vigor el año que viene.

Entre las propuestas que barajan los vendedores están el adelanto de los plazos de solicitud o la exigencia de otros requisitos que, sin contravenir la norma ya que supondría una multa al Ayuntamiento, contengan la «previsible avalancha de solicitudes» y favorezcan a los titulares de las autorizaciones ya expedidas. «Lo que pretendemos es dar forma a un convenio que garantice mínimamente nuestros derechos», indica Enrique Jiménez.

De lo contrario, los afectados no descartan movilizaciones -incluso de carácter nacional- para hacer visible su problemática.