El número de demandas por daños al Ayuntamiento se duplica en un lustro
En 2009 recibió 164. El 70% de las reclamaciones se desestiman
L. B. / Burgos
El número de reclamaciones presentadas al Ayuntamiento de Burgos por responsabilidad patrimonial se ha duplicado en los últimos cinco años. Son aquellas presentadas por una persona física o jurídica ante la Administración al entender que ésta ha causado un daño sea intencionadamente, por error o a causa del desarrollo normal de la actividad que realiza.
El aumento de este tipo de demandas ha sido progresivo en el último lustro. En el año 2004 se registraban y tramitaban en la Sección de Hacienda y Contratación, la responsable de esta labor, un total de 75. Un año después la cifra se disparó hasta las 134. Tras mantenerse en torno a las 130 hasta 2008, el año pasado volvía a crecer hasta alcanzar las 162 reclamaciones.
Desde Hacienda, se achaca este incremento notable a una «mayor información de los ciudadanos». Y es que son personas físicas las que suscriben el mayor número de reclamaciones por responsabilidad patrimonial, aunque también reclaman las compañías aseguradoras.
La legislación contempla que, en caso de probarse la responsabilidad de la Administración pública del daño causado, ésta está obligada a la reparación del mismo mediante una compensación económica.
Cabe señalar que del total de reclamaciones tramitadas el 70% acaban por desestimarse.
El responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Burgos, Ángel Ibáñez, señala que no existen estadísticas específicas que dibujen la evolución del desembolso que suponen estas reparaciones.
Con todo, apunta que «como cantidad indicativa puede variar, según la importancia de los siniestros registrados cada año, entre los 25.000 y los 50.000 euros anuales».
Los baremos para calcular la indemnización que debe recibir el afectado -en el caso de daños físicos, que suponen el grueso de las reclamaciones- es el contemplado en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
Por motivos de reclamación, las más frecuentes, en torno a un siete de cada diez, alegan daños físicos; un 25% reclaman daños en vehículos y apenas un 5% están motivadas por otras causas como lucro cesante (posibles pérdidas de negocio) o derivadas de expedientes urbanísticos.
El procedimiento a seguir si se quiere reclamar responsabilidad patrimonial ante un daño padecido consiste en la presentación de una reclamación formal en el Registro General del Ayuntamiento de Burgos. El documento deberá contener los datos del reclamante, especificar las lesiones producidas así como la presunta relación de causalidad entre los daños y el funcionamiento del servicio público. Incluirá además la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo. Los detalles sobre este trámite pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Burgos.
En este espacio se indica también que el plazo para reclamar concluye al año desde que el hecho denunciado tiene lugar. En el caso de que se hubieran producido daños físicos o psíquicos, el plazo pasa a ser de un año desde la curación.
Una vez iniciado el procedimiento el tiempo máximo para su resolución será de seis meses y si no existe resolución expresa, el efecto del silencio administrativo será desestimatorio para las pretensiones del reclamante. En este caso cabe interponer un recurso de reposición o por vía contencioso-administrativa.
Responsabilidad objetiva
Al respecto de las reclamaciones, la Confederación de Consumidores y Usuarios explica que la responsabilidad es objetiva, es decir, que la Administración deberá responder siempre que se den una serie de requisitos como que se haya producido una lesión antijurídica -que el ciudadano no tenga el deber de soportar, efectiva o real, no potencial, cuantificable e individualizada. El daño debe poder ser atribuido a la Administración, es decir, que haya sido causado por un servicio público.