La plantilla de Moral Cayuela reclama el desbloqueo judicial

M.R. / Burgos

Los 38 trabajadores de Moral Cayuela despedidos el pasado mes de agosto siguen sumidos en una situación cuando menos kafkiana, ya que a pesar de que la empresa de fabricación de muebles presentó la liquidación el pasado 29 de mayo, la «justicia no ha declarado el cierre definitivo ni la insolvencia de la compañía», según recordó ayer el portavoz de los trabajadores, Carmelo Carretero.

Esta situación hace que los empleados despedido permanezcan en un 'limbo' legal que impide que se les paguen las cinco mensualidades que afirman que la empresa les adeuda así como la indemnización por despido. Ayer, como llevan haciendo todas las semanas, volvieron a concentrarse a las puertas del edificio de Juzgados de la avenida de Reyes Católicos para reclamar el desbloqueo judicial. «La justicia debe declarar la quiebra», recordó Carretero, quien indicó que la movilización frente a los Juzgados es para pedir que «haga sus deberes», ya que hace diez meses que se presentó la liquidación de la compañía burgalesa.

En medio de esta encrucijada están los empleados, la mayor parte de ellos con edades comprendidas entre los 52 y 58 años, que han trabajado más de 30 para la empresa y que tienen «escasas posibilidades» de recolocación en el mercado laboral. En este punto, el portavoz de los trabajadores criticó, según su criterio, la poca implicación de la Junta, institución con la que se reunieron en octubre para hablar de ayudas y recolocaciones, pero sin ningún resultado.

De igual modo, los trabajadores apuntan a la gestión de la empresa, ante la que «Hacienda no puede ponerse una venda en los ojos». El representante de los empleados indicó que la compañía no se cerró por la crisis económica «sino por la mala gestión de los hermanos Moral Barona». Este cierre ha sido provocado por «la descapitalización llevada a cabo por la gerencia de la compañía», por lo que los trabajadores mostraron su deseo de que la investigación a la que está siendo sometida la empresa por parte de la Agencia Tributaria «revele el fraude que, según los empleados, ha cometido la dirección».

Mientras este problema se soluciona, la situación de muchas familias «es delicada». Tomás Aguilar, miembro del comité de empresa, lamentaba lo «desprotegidos que estamos». Esta situación conlleva que, en muchos casos, se haya tenido que recurrir a ayudas familiares y préstamos para tratar de salir adelante ante la incomprensible situación que atraviesa la empresa.