Una veintena de residentes de la Casa Cuartel pide la declaración como víctima de atentado terrorista

BurgosLa Comandancia de la Guardia Civil en Burgos ha expedido hasta hoy veinte certificados de presencia en las viviendas o edificios de la Casa Cuartel de la Avenida de Cantabria durante la madrugada del 29 de julio de 2009. ETA atentó entonces contra las instalaciones del Instituto Armado mediante la colocación muy cerca del complejo de una furgoneta cargada con más de 300 kilos de explosivo.Guardias civiles o familiares de miembros del Instituto Armado solicitan ese certificado para iniciar los trámites necesarios que deriven en el reconocimiento de los solicitantes como víctimas de atentado terrorista. Este es un documento fundamental en un procedimiento que, en principio, resuelve el Ministerio del Interior pero que, en el supuesto de que se deniegue, queda la vía de recurrir ante la Audiencia Nacional.Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos facilitaron ese dato. El plazo que transcurre entre la solicitud del certificado y su entrega oscila de entre los tres y cuatro días. También informaron de que, a dia de hoy, no hay ninguna solicitud pendiente de resolución.Este órgano de representación del Estado en la provincia tramita también las solicitudes, con los expedientes que conlleva, para la declaración como víctima de atentado terrorista. Desde la Subdelegación del Gobierno se remite la documentación a la Dirección General de Víctimas del Terrorismo, organismo que depende del Ministerio del Interior.Un centenar de guardias civiles y familiares que padecieron el atentado de ETA cuentan con el asesoramiento de un bufete de abogados de Madrid, especializado en estos asuntos. El objetivo último es conseguir el reconocimiento oficial como víctima de atentado terrorista, que les permitiría acceder a una serie de compensaciones por daños físicos o psicofísicos, causados por una incapacidad o lesiones permanentes.El reconocimiento oficial como víctima de atentado terrorista les permitiría acceder a una serie de compensaciones por daños físicos o psicofísicos, causados por una incapacidad o lesiones permanentes. Las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil por daños físicos o psicofísicos, cuando no exista sentencia firme, se fijan por una tabla.Entre esos beneficios, por ejemplo, hay la percepción de subvenciones -la incapacidad permanente parcial está cuantificada -por ejemplo- en 36.000 euros y también se contempla la permanente no invalidante-, prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo no tributan por renta de las personas físicas (IRPF).Y también el reintegro de los gastos por tratamiento médico de los daños físicos o psíquicos, como consecuencia del atentado, serán resarcibles por el Estado o la percepción de ayudas de estudio y extraordinarias para paliar situaciones de necesidad, asistencia psicológica.Los peticionarios  se acogen a los supuestos que reconoce el Ministerio del Interior para ser beneficiarios de indemnizaciones al ser «víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados en bandas armadas que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana».La madrugada en que estalló el explosivo con el que los terroristas cargaron la furgoneta utilizada para el atentado dormían en las viviendas del edificio 117 personas; 41 eran niños. La explosión causaba 66 heridos leves entre agentes y familiares que ocupaban la Casa Cuartel. Todos fueron dados de alta a las pocas horas del atentado tras ser atendidos de pequeños cortes y heridas.Con posterioridad, la Subdelegación del Gobierno realojó a quienes lo necesitaron en la Residencia Militar de Oficiales. Despúes fueron distribuidos en las viviendas que ofrecieron varias constructoras y entidades de ahorro de la capital. A partir de septiembre del año pasado se abonó a los afectados -guardias que residían en la Casa Cuartel- una ayuda, a fondo perdido, de 6.000 euros.