La Junta autoriza a Caja de Burgos su integración en Banca Cívica

Valladolid

La Consejería de Economía y Empleo comunicó ayer a Caja de Burgos la autorización para su adhesión al Sistema Institucional de Protección (SIP) que forma parte del proyecto de integración del Grupo Banca Cívica, que conformarán la entidad burgalesa, Caja Navarra y Caja Canarias.

Según informa la agencia Ical, esta comunicación establece además la necesidad de obtención del resto de licencias preceptivas para iniciar el proceso de integración que han de otorgar tanto el Banco de España como autoridad monetaria española, como el Ministerio de Economía y Hacienda. Precisamente ha sido el Ministerio de Economía y Hacienda quien también comun icó ayer al grupo la firma de la orden ministerial que autoriza al Grupo a operar, una vez que ya recibió el informe favorable por parte de la Dirección General del Tesoro y del Banco de España. Caja de Burgos deberá remitir información periódica, para su seguimiento, a la Consejería de Economía y Empleo.

Este paso dado por la Junta era el último que faltaba en la Comunidad para que la adhesión de la entidad financiera burgalesa a Grupo Banca Cívica fuera ya una realidad, un aspecto que no es necesario ni en la Comunidad Foral de Navarra ni en la región insular. Así, tras conocerse ya su nueva marca corporativa, la nueva entidad, cuya integración en la misma rechazaron hace dos semanas Caja de Ávila y Caja Segovia, espera captar 71.000 nuevos clientes e inyectar 4.000 millones de euros en créditos desde julio, fecha en la que entrará en funcionamiento, hasta el próximo mes de diciembre.

Cabe recordar que en su composición actual sería la novena entidad del sector de cajas en activos totales, con 45.939 millones de euros; la novena también en patrimonio neto, con 3.155,5 millones de euros, y contempla 202 millones en beneficios después de impuestos, según datos de cierre de 2009.

Sus 4.510 empleados se reparten por las 22 provincias españolas en las que el Grupo Banca Cívica tiene presencia física con sus 825 oficinas, dando servicio a más de 1,8 millones de clientes. 

El proceso que culminó ayer en Castilla y León y gracias al cual Banca Cívica comenzará a operar el próximo mes podría haber sido aún más importante si Caja de Ávila y Caja Segovia hubieran aprobado su incorporación, rechazado en los consejos de Administración, a pesar de que ambas firmaron el 9 de marzo un protocolo de intenciones que dio inicio a los trabajos, estudios y negociaciones necesarios para su integración. Tras la intención de Caja de Burgos de entrar en Banca Cívica, el 9 de marzo se puso fin a meses de «incertidumbre», como el propio presidente de la entidad, José María Arribas, aseguró, y su Consejo de Administración aprobó con 16 votos a favor y uno en contra esta integración, así como la firma de un contrato con Caja Navarra y Caja Canarias para su constitución. La Asamblea General lo refrendó el 27 de marzo, con 97 votos a favor del proceso de los 108 emitidos, es decir, casi el 90 por ciento del total. Este importante apoyo sirvió para la aprobación definitiva de la integración, para el que era necesario contar con el voto favorable de dos tercios de los asistentes a la Asamblea.