El PSOE exige a Personal que anule 2 puestos que le 'cuestan' 140.000 euros

El concejal socialista Antonio Fernández Santos exigió ayer al Grupo Popular que aplique una sentencia judicial dada a conocer a finales de junio, por la cual se anulan dos puestos de libre designación en el Ayuntamiento burgalés, así como sus complementos salariales. Los dos puestos corresponden a jefe del Servicio de Licencias y jefe del Área de Seguridad y Emergencias, ambos con un gasto de 70.000 euros más 30.000 en concepto de complementos salariales. Santos explicó que tras esa resolución, el Consistorio tenía entonces dos vías, recurrir esa decisión judicial o aplicarla, «y el PP no hecho nada por lo que esos puestos siguen ahí, uno de ellos hoy ocupado por un antiguo trabajador de la Junta».

Sin embargo, la concejala de Personal Gema Conde, remarcó que esa sentencia «no contradice la potestad para elegir o no esos dos puestos», sino que se afirma que hubo algunas deficiencias de forma al tomar acuerdo para aprobarlos. «Además marca un plazo de meses para su aplicación, ésta no es inmediata y es por lo que desde el servicio jurídico estamos trabajando en la vía para acatarla», explicó la edil.

Detalló así que la sentencia no se va a recurrir sino a aplicar pero no se sabe cómo. «Elaborar un nuevo acuerdo que esta vez se ajuste a derecho o amortizar dichas plazas son dos posibilidades, entre las que puede haber otras». 

Pérdidas 8 veces mayores

Por otro lado, el concejal del PSOE denunció también la aplicación que el Ayuntamiento ha realizado del Real Decreto de reducción del 5% en el salario de los empleados públicos, el cual causa -en opinión de éste-, «enormes disparidades en la pérdida económica que supondrá la aplicación en el caso de laborales o funcionarios». Santos afirmó que como marca dicho decreto «las medidas reductoras deben aplicarse de forma progresiva sin discriminar entre unos y otros, estando además en el caso de los empleados laborales, sujeto a negociación colectiva», dijo.

Sin embargo, criticó que en Burgos se haga una reducción lineal de un 5% a todos los laborales por igual, «mientras que entre los funcionarios esas reducciones variarán entre el 1 y ese 5%», criticó.

Puso así varios ejemplos para explicar su queja, tomando como modelo del primero el caso de los subalternos. Explicó que mientras los subalternos funcionarios perderán estos 7 meses un total de 61,62 euros, los subalternos laborales perderán 543,50 euros. El segundo ejemplo lo centró en la bajada en el caso de oficiales de segunda, «quienes en al ser funcionarios perderán apenas 63,42 euros frente a los 552,48 euros que perderán sus compañeros subalternos laborales», cifró. Es decir, ambos grupos de laborales perderán 8 veces más que los funcionarios.

Añadió que «se han ido a lo cómodo, sin ver que afectará a más de 200 laborales del Ayuntamiento más otros 350 más de los servicios de Aguas, Deportes o Autobuses».

Ante las críticas vertidas por el socialista, la concejala de Personal Gema Conde no quiso entrar en detalles. Se limitó a mostrar su malestar preguntando «cómo no se sonroja -Fernández Santos- cuando lo que estamos haciendo es aplicar un Real Decreto que su grupo nos ha impuesto, no es una medida que hayamos creado nosotros», criticó. Por ello, le pidió que se aclare «porque ¿me está pidiendo, que no lo aplique y lo incumpla?», se preguntó. Conde no quiso así entrar en discusiones, recordando que el acuerdo se llevará a aprobación al próximo Pleno.«¡Cállate la boca que te emplumo!»¡«Cállate la boca que te emplumo»! Con esta categórica frase resumió ayer el concejal socialista Antonio Fernández Santos los motivos que, a su parecer, llevaron al concejal popular Diego Fernández Malvido «a presentar en 2009 una denuncia criminal contra mí y el ex edil de Izquierda Unida Jesús Ojeda, así como contra los directores del periódico La palabra y la emisora Radio Arlanzón». dijo. «Y todo para que al final haya quedado bien claro que la única persona con un comportamiento especialmente reprochable sea el propio concejal Malvido», apuntilló el también socialista, Luis Escribano.

Ambos comentaron la decisión judicial dada a conocer hace unos días, en la que se considera  que ninguno de ellos incurre en delito de injurias, del que les acusó el concejal Malvido.

Éste presentó la denuncia tras hacerse eco todos ellos- a través de las páginas de la publicación y durante el transcurso de una tertulia radiofónica, de la existencia de facturas impagadas por Malvido a una conocida floristería burgalesa, a la que había solicitado en 2007 un servicio para su domicilio particular que aún no había abonado.

«Sin embargo, los jueces consideran  claramente probado que lo que comentamos durante la tertulia o se publicó en dicho periódico era verdad», remarcaron los socialistas, recordando que ya una sentencia de febrero declaró probada esa deuda y la obligación de Malvido de pagarla, tras lo cual éste recurrió.

Santos comentó que tras archivarse la denuncia, «que podía haber acarreado penas de cárcel, nadie ha venido a excursarse, por lo que volveremos a exigir al alcalde, al que también creemos responsable, que destituya a Malvido».