Los retornos se disparan en 2010 y superan ya el total del año pasado

L. B. / Burgos

Las organizaciones sociales lo subrayan. Los datos, más fríos, no dejan lugar a dudas. La población inmigrante sufre con especial dureza los estragos de la crisis económica. Tanto, que muchos prefieren regresar a aquel país del que partieron con el sueño de una vida mejor. Cada vez son más los que emprenden el camino de vuelta y los que sin llegar a ese punto ven alejarse la esperanza de traer a su familia al lugar que un día les brindó una oportunidad.

Así lo han detectado en la delegación burgalesa de la Asociación Comisión Católica Española de Migración (Accem) que, entre otros servicios, asesora a quienes solicitan el retorno voluntario al país de origen. En 2009 vieron multiplicarse por cinco estos casos. Gestionaron una treintena de regresos frente a los seis tramitados en 2008. Lejos de contenerse, en el primer semestre de 2010 la cifra se ha disparado alcanzando hasta el pasado mes de junio los 43 retornos y otros 6 expedientes en espera.

Aunque el desempleo está detrás de la mayor parte de las solicitudes, «existen otras causas como la aparición de una enfermedad y carecer de soporte familiar, por ejemplo», explica la gerente de Accem Burgos, Olga Aguilar. Señala que la agrupación «lleva desde 1991 gestionando programas de retorno siempre entendidos como una parte más del proceso migratorio que además dignifica a la persona que carece de recursos».

En Burgos, por nacionalidades, el país que más retornos registra es Ecuador, seguido de Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Honduras.

La inclusión en el programa de retorno voluntario no siempre se concede. Tras formular la petición se analiza detenidamente el caso y la respuesta suele ser lenta y puede demorarse hasta dos meses.

El solicitante de retorno voluntario -que, además, será definitivo- tendrá que justificar una estancia en España de al menos seis meses.

Arraigo

El programa de retorno voluntario requiere una intervención social y jurídica que se desarrolla en cuatro fases: asesoramiento, tramitación, apoyo económico y seguimiento de las personas retornadas.

Otro ámbito que ha registrado cambios a causa de la crisis es el de la reagrupación familiar. «La realidad es que nos encontramos con muchos casos de personas que, pudiendo acogerse al arraigo por cumplir el resto de los requisitos, no tienen posibilidad de hacerlo al carecer de contrato de trabajo. También hay personas con situación regular que ven rechazada la renovación de sus papeles porque no han cotizado el tiempo suficiente o por carecer de contrato de trabajo en ese momento. Son situaciones que antes veíamos de manera puntual y podíamos articular algunos recursos para apoyar a los afectados. Ahora mismo vemos estos perfiles con mucha frecuencia y cada vez es más difícil prestar ayuda», detalla Aguilar.