EL PROBLEMA DEL AGUA EN LA PROVINCIA
El PCAL advierte que la Directiva de Aguas de la UE traerá multas en 2011
Luis Marcos recuerda que su entrada en vigor obligará a los municipios a controlar y depurar sus aguas. Avisa que el agua es un problema enquistado en la provincia

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El secretario de Organización del Partido de Castilla y León (PCAL), Luis Marcos, advirtió que serán numerosas las sanciones que los municipios burgaleses sufrirán en un futuro, ante la cercanía del fin de fecha tope de cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea este año 2010. Y todo al considerar que será imposible que todos ellos la cumplan antes de 2011. Recordó que la normativa establece que todas las localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes tendrán que realizar un tratamiento primario y secundario de sus aguas residuales, así como cumplir ciertos niveles de calidad y control de ésta. «Algo que muy pocos ayuntamientos podrán garantizar», advirtió.
Marcos aclaró que si bien gran parte de los casi 400 pueblos burgaleses no llegan a esos 2.000 habitantes, la normativa habla de habitantes 'equivalentes', lo que supone contar el vertido que también realizan empresas y actividades agropecuarias de la zona. Puso como ejemplo la capital, con una población es de unos 170.000 habitantes, «pero su vertido equivalente es de unas 700.000 personas debido a su actividad empresarial que multiplica el vertido que se hace al agua», comentó.
Un problema enquistado
El PCAL criticó así que el problema del agua sea «algo ineludible», al ser «un problema enquistado» tras años sin solución en el conjunto de las más de 1.200 localidades y barrios habitados de la provincia. En muchos casos porque no tienen suficiente abastecimiento, «lo que les lleva a sufrir cortes estacionales».
Pero sobre todo, porque el tratamiento de ese agua es -de forma generalizada en la provincia-, algo prácticamente inexistente o inadecuado y que incumple la legislación. Destacó así cómo la práctica totalidad de los municipios cuentan con graves problemas de depuración, entre los que incluyó los más grandes de Burgos, Aranda o Miranda.
En opinión de PCAL, este problema genera un despilfarro económico. Aseguró que en los últimos 20 años, las entidades responsables -Diputación y la Junta-, apenas han invertido 500 millones de euros en mejorar ese tratamiento, «pero a través de pequeñas partidas anuales que sólo parchean el problema».
Marcos añadió que además existe la vertiente técnica del problema, derivada de la mayor especificidad de controles que cada año marcan las normativas. «Y que los pequeños ayuntamientos no tienen capacidad de atender por falta de medios y sobre todo de personal especializado», comentó, «con lo que queda así en manos de la buena voluntad de los alcaldes», añadió el político.
Por todo ello, Marcos explicó que PCAL aboga por crear un consorcio provincial para gestionar todo el proceso del agua, tanto de su abastecimiento y distribución, así como de su control y sobre todo tratamiento. Destacó como ejemplo, la labor que el consorcio del agua y de gestión de los residuos realiza en La Rioja o el Canal de Isabel II en Madrid, donde gestiona el agua con que se abastece a 7 millones de personas de Madrid y localidades limítrofes.
Destacó que un consorcio provincial tendría más fuerza a la hora de presionar a los responsables ministeriales para lograr inversiones así como mayor peso de cara a conseguir acuerdos y ayudas de empresas. «Pero sobre todo serían menos partidistas y más plurales y evitarían que enfrentamientos políticos paralicen los proyectos».