El PP 'vende' la nueva ley de Servicios Sociales a sus afiliados
La gerente regional del área, Milagros Marcos, visitó ayer Burgos para explicar los contenidos de la norma tras su aprobación, con el rechazo del PSOE, en las Cortes
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L. B. / Burgos
La gerente regional de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, visitaba ayer la capital burgalesa para explicar a los responsables comarcales y a los afiliados del Partido Popular los detalles de la nueva ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia que se aprobaba horas antes en el pleno de las Cortes con el voto en contra del Partido Socialista de Castilla y León.
Marcos destacó las principales novedades que supone esta ley y critico duramente la posición de la formación liderada por Óscar López. Así, indicó que se trata de una norma basada en el texto del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y que establece derechos objetivos y reconocibles de los diferentes colectivos a los que ampara.
«Propone un nuevo modelo de sistema de servicios sociales que va más allá de aquellos de responsabilidad pública e incluye también a los que únicamente reciben financiación, tales como plazas concertadas. Además propone una distribución equitativa de los recursos, adaptada a las características de cada zona», detalló y subrayó que en materia de dependencia, «la nueva ley regional recoge más derechos de los que contempla la propia ley nacional».
Precisamente, en relación con el cumplimiento de la ley de Dependencia promovida por el Gobierno central, Marcos celebró la primera posición de la región en comparación con el resto de comunidades autónomas. Aseguró que «existen informes de organismos independientes que avalan el buen hacer de la Administración regional, que se coloca hasta 15 puntos por delante de las demás en cuanto a la proporción de personas que tienen reconocido el derecho a percibir alguna prestación y las que la reciben».
Renta de Ciudadanía
Por otra parte, la gerente de Servicios Sociales trasladaba también las 'bondades' de la Renta Garantizada de Ciudadanía cuyo reglamente se aprueba hoy y que busca «dar cobertura a aquellas familias con problemas económicos que no puedan cubrir necesidades básicas» diferenciando el origen de sus situaciones entre coyunturales y estructurales y asociando obligaciones al reconocimiento de este derecho que viene a sustituir al Ingreso Mínimo de Inserción.