Cáritas prevé alcanzar los 11.000 usuarios en 2011 por los recortes

 

L. B. / Burgos

Cáritas Burgos augura un aumento de la precariedad y de las situaciones desesperadas a causa de la suspensión de la ayuda a parados de larga duración. Su responsable, Andrés Picón, señala además que esta decisión contribuirá a agravar la fractura social y podría derivar en un situaciones de violencia. Por su parte, Alfredo Calvo, encargado de comunicación de la organización diocesana, estimó que las medidas anunciadas por el Gobierno sólo servirán para «prolongar situaciones problemáticas y complicar aún más una solución».

La organización diocesana calcula que los recortes supondrán un incremento en el número de usuarios del 15%, más del doble del 7% registrado este año que cerrará con cerca de 9.500 personas atendidas. Alcanzaría así los 11.000 usuarios.

Y eso que «tras el notable repunte registrado en 2008 las cifras se han estabilizado en los últimos meses», apuntó Calvo. No obstante, el aumento progresivo de usuarios nacionales se mantiene. Actualmente la mitad de las demandas de ayuda llegan de personas españolas mientras que antes de la crisis económica apenas llegaban al 30%, muy por debajo de las solicitudes de inmigrantes.

En este sentido, Picón quiso hacer un llamamiento «a todos aquellos que pasan apuros para que pidan ayuda, también a los vecinos o allegados que puedan conocer situaciones de dificultad». Y es que, según el responsable de Cáritas, la discreción «es una de las características fundamentales de esta organización y fondos no nos van a faltar para prestar apoyo».

En términos generales, las principales necesidades atendidas son el empleo y la formación y el pago de recibos y cobertura de necesidades básicas. En el primer caso, el descenso de las ofertas de trabajo ha provocado una caída de las inserciones laborales. «En materia de formación nos centramos en los cuidados a mayores y la limpieza del hogar por ser los sectores donde más demanda existe», señaló.

Respecto a la reciente aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Andrés Picón manifestó su satisfacción por la apuesta regional. Sin embargo, se preguntó si la Junta de Castilla y León será capaz de hacer frente al desembolso que va a suponer el reconocimiento de este derecho. «¿Quién ayudará durante el tiempo que tarde en tramitarse la ayuda? ¿Provocará una avalancha de usuarios en nuestros programas? Lo que esta claro es que ni podemos ni debemos sustituir a las administraciones y además la caridad no tiene que suplir a la justicia», indicó.

No fue el único temor expresado por los representantes de Cáritas Burgos, que lamentaron la reducción de los presupuestos de programas de ayuda a inmigrantes. A esta 'merma' se añade un retraimiento de «la actitud social de acogida y una sensación de ralentización administrativa en los trámites que afectan a este colectivo».

Especial preocupación manifestó Picón por la situación de los menores inmigrantes que cumplen 18 años y quedan «desamparados». Este año atendían 20 casos de estas características.