El TSJ alerta del daño creado por la Oficina Judicial en los juzgados

M.R. / BurgosEl presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, José Luis Concepción, hizo balance ayer del pasado año judicial, y habló de «plena consolidación» y de «respuesta razonable» a los litigios. Pero también adelantó la que puede ser la memoria de 2011, con un año entero de funcionamiento de la Oficina Judicial en Burgos. Si no se adoptan cambios en el funcionamiento del nuevo modelo de organización judicial, Concepción vaticinó un deterioro de la Administración de Justicia en Castilla y León.El presidente del TSJ hizo balance del funcionamiento de la Oficina Judicial seis meses después de su puesta en marcha. Un nuevo modelo que padece dos males, en su opinión, «mucha imprevisión e insuficiente inversión». En este punto fue muy duro con la «dejación de responsabilidades» del Ministerio de Justicia, que «no se ha tomado en serio el reto de las nuevas tecnologías». Por eso, lamentó que haya hecho «oídos sordos» a la petición de retrasar a septiembre la implantación de la Oficina Judicial en León. Las carencias en las herramientas tecnológicas, que «no son suficientemente avanzadas», han hecho que la agenda de señalamientos funcione al 30% de su rendimiento, «cuando era el producto estrella». Los efectos más negativos, según Concepción, se han registrado en la jurisdicción Penal, de manera especial en los juzgados de Instrucción, al estar regidos por un sistema de dirección judicial. «Ha sido un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) para estos juzgados», indicó el presidente del TSJ, ya que con la mitad de plantilla realizan el mismo trabajo. La situación la ejemplarizó en el Juzgado de Instrucción nº2. Este tribunal realizó 70 procedimientos durante el primer trimestre de 2010, mientras que entre enero y marzo de este año fueron 10. Junto a las deficiencias tecnológicas, Concepción criticó la distribución de la plantilla, ya que hay servicios comunes «cargados de trabajo y con menos personal», como el de Ordenación del Procedimiento. En León, este servicio común tendrá 46 funcionarios, mientras que en Burgos dispone de 30. El tiempo transcurrido también ha servido para constatar la «rigidez» del sistema al no ofrecer muchas posibilidades de adaptación a las deficiencias que han ido surgiendo. Según el presidente del TSJ, la implantación del expediente digital, que ha comenzado ya y que no estará lista hasta 2012, serviría para que el funcionamiento de este nuevo modelo alcance la normalidad, siempre que se empleen los medios tecnológicos adecuados. Pero la implantación del expediente digital es también, para Concepción, un ejemplo de «la imprevisión» del Ministerio, ya que la digitalización se debía haber hecho con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial. La memoria de 2010 recoge un extenso y crítico informe de la juez decana de Burgos, Blanca Subiñas, sobre el funcionamiento de la Oficina Judicial. Tras analizar de manera pormenorizada cada una de las jurisdicciones, la juez decana concluye que es necesario mejorar la aplicación informática, corregir el «deficiente funcionamiento» de la agenda electrónica. De igual modo, se pide seguir trabajando en la coordinación de las UPAD y los servicios comunes, en la reducción de la burocracia y una mejor formación específica de los funcionarios, al igual que una reformulación de los puestos de trabajo. Al margen del análisis de la Oficina Judicial, el presidente del TSJ presentó algunos datos sobre el funcionamiento de la Justicia en la región el pasado año. Los 302 jueces de Castilla y León dictaron 87.974 sentencias, 2.000 más que en 2009, lo que representa una media de 400 sentencias por juez. En cuanto a los juzgados de Burgos, la memoria plantea la necesidad de ampliar en un magistrado la sección Penal de la Audiencia Provincial, así como la creación del Juzgado de lo Social nº4 y de sendos juzgados de Primera Instancia y de Instrucción en Aranda y Miranda.