La falta de acuerdo en 46 convenios en Burgos afecta a 16.743 trabajadores

M.E. / Burgos

La falta de acuerdo en los 46 convenios pendientes de renovar este año en la provincia de Burgos, de los que diez son sectoriales y 36 de empresa, mantiene en vilo a 16.743 trabajadores. Así lo afirmó ayer el secretario general de UGT en la ciudad, José Luis García Pascual, que también añadió que este año sólo se han negociado once. Y es que son muchas las diferencias que existen entre sindicatos y empresarios a la hora de llegar a un acuerdo.

Las principales dificultades radican en la flexibilidad laboral y en la tarea salarial. «El empresario persigue dos objetivos: que la movilidad funcional del obrero dependa de él y subir los salarios por debajo del índice de precios al consumo, mientras que nosotros queremos mantener, como mínimo, el poder adquisitivo de los trabajadores», añadió el secretario de UGT de Castilla y León, Faustino Temprano Vergara. Del mismo modo reiteró que, a 31 de diciembre, es necesario salvaguardar, con una cláusula de revisión, que el trabajador pueda cobrar los atrasos y actualizar sus salarios en el caso de que el IPC se dispare.

De esta manera, la principal preocupación del sindicato radica en «descongelar la negociación colectiva para 2011», dado que, en la comunidad, no se han negociado el 70% de los convenios que deberían haberse cerrado. Se trata así de 316 contratos que afectan a más de 150.000 obreros. Por este motivo, UGT y CCOO han enviado un escrito al presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), Jesús Terciado, del que por el momento no han obtenido ninguna respuesta.

El otro gran objetivo de la UGT radica en hacer convenios sectoriales estatales, que regulen la negociación colectiva de los distintos sectores para todo el país y que vertebren lo que se puede negociar en cada provincia. Y es que, de lo contario, desaparecerán los convenios provinciales.

Éste es uno de los muchos «retrocesos» que supone para el sindicato la entrada en vigor, el 12 de junio, del Real Decreto-Ley para la reforma de la negociación colectiva. «Creemos que sí que era necesario  un cambio, pero para ello deberían haberse puesto de acuerdo las partes: la empresarial y la sindical», reiteró Temprano. También afirmó que estuvieron a punto de acercar posturas, pero que a la hora de la firma «los empresarios se echaron para atrás por temas políticos».

En materia de legitimidad, la UGT critica que el Gobierno abra la vía a los sindicatos corporativos a través de los ‘convenios franja’, ya que considera que esta situación favorece intereses corporativos de trabajadores de una empresa en detrimento del interés general. Del mismo modo, se muestra contrario a que el Gobierno imponga un arbitraje vinculante que, «de manera forzosa», resuelva las diferencias entre las partes de la negociación cuando éstas no lleguen a un acuerdo en el plazo establecido: ocho o catorce meses según el convenio firmado.