Los servicios jurídicos trabajan en la denuncia al restaurante Espolón para proceder a su desalojo

J. MAIQUES / Burgos

La Concejalía de Hacienda ya ha puesto en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento la deuda que reclama al restaurante Espolón (antiguo Pinedo y Polisón) por el alquiler de este histórico establecimiento de la capital que, a día de ayer y según datos del máximo responsable del área, Salvador de Foronda, se eleva hasta los 565.669,87 euros. De este modo, y una vez que el caso se encuentra en vía ejecutiva, los técnicos municipales procederán a realizar una denuncia para que el siguiente paso sea proceder al desalojo del arrendatario. Algo que, según el edil, no debería prolongarse demasiado en el tiempo ya que la nueva normativa es bastante ágil en este sentido. Eso sí, el concejal tampoco se aventuró a señalar una fecha.

Así las cosas, este es el itinerario marcado por el Ayuntamiento y que sólo variará, apuntó Foronda, en el caso de que haya «un acuerdo de conciliación». Algo que, por otra parte, aparece recogido en la Ley de Arrendamientos. «En un momento determinado puede poner el dinero, pero no sé lo que hará», añadió con dudas.

Precisamente el responsable de las cuentas municipales compareció ayer para dar cuenta de la Comisión de Hacienda en la que se trató el tema, y se apoyó en un informe técnico de 19 de mayo de 2008 para detallar la cronología de los hechos que ya ha sido adelantada en varios capítulos por este periódico.

De este modo, Foronda inició el relato retrotrayéndose al 3 mayo del año 2000. Ese día, la Comisión de Gobierno acordó adjudicar a Atalaya Fernández el concurso convocado para contratar el arrendamiento del restaurante Polisón y de la cafetería interior del Teatro Principal por un precio de 406.000 pesetas al mes en el caso del restaurante, y de 92.000 en el de la cafetería (IVA incluido). El 18 de mayo se procedía al acuerdo (con una fianza de 35.918 euros) y el 8 de agosto de ese mismo año se formalizaba el contrato sin que, hasta ese momento, hubiera surgido ninguna discrepancia.

Sin embargo, las divergencias no tardaron en llegar y el 16 de enero de 2001, el adjudicatario solicitó que se le eximiera del pago del canon de 92.000 pesetas de la cafetería interior. La razón, que no estaba abierta.

Unos días después, el 26 de enero, la Comisión de Hacienda trató el tema pero desestimó la solicitud del empresario al entender que el contrato obligaba al adjudicatario a pagar también por esa cafetería que, hasta la fecha, no había estado abierta al público.

Transcurre el tiempo, el arrendatario sigue sin pagar ni una mensualidad y llega el momento, el 18 de mayo de 2005, del vencimiento del contrato. El Ayuntamiento deja que Atalaya Fernández siga con el alquiler del establecimiento y se lo permite, además de con la prórroga tácita de dos años más que establece la concesión, hasta el día de hoy. Así las cosas, o no cae en la cuenta de que prorroga una concesión que no cumple con su parte del contrato, o se cree las largas que el empresario da para hacer efectivo el cobro de la deuda.

En cualquiera de los dos casos, así quedan las cosas hasta que los técnicos municipales elaboran el informe del que se sirvió Foronda para la comparecencia de ayer (de mayo de 2008). El documento detalla que hasta ese día la deuda ascendía a 190.520,44 euros, intereses de demora incluidos. Un débito inferior a lo que tendría que abonar el arrendatario ya que, según señala el documento, habría prescrito lo correspondiente al alquiler entre mayo de 2000 y el mismo mes de 2003. Una cantidad que, según ya adelantó este periódico, sería de 113.510 euros. También en ese momento se perdona al empresario, o se llega a la conclusión de que es lo más justo, el alquiler de la cafetería interior.

Ya en 2011, y después de que, según Foronda, el anterior concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez, pusiera varios plazos que el empresario «no cumple» (divergencias con el IVA y el IRPF que el edil insinúa que son excusas), en el mes de abril las tesoreras del Ayuntamiento vuelven a calcular el importe pendiente y lo fijan en 510.161,82 euros. Una cifra que, con los intereses de demora y los meses sucesivos, elevan la deuda hasta los 565.669,87 euros.

Este periódico trató de conocer el punto de vista del empresario pero, pese a intentar localizarlo en varias ocasiones, no pudo contactar con él.