IU instará al fiscal a que investigue el caso de la cafetería Espolón

J. MAIQUES / Burgos

Los partidos de la oposición no se conforman con las explicaciones dadas por el equipo de Gobierno a propósito de la deuda contraída por la cafetería Espolón (antiguo Pinedo). Por un lado, Izquierda Unida acudirá la próxima semana a la Fiscalía para pedir que se examine el asunto y, antes, este viernes los tres grupos de la oposición (PSOE, UPyD e IU) presentarán una proposición conjunta en el Pleno en la que solicitarán que se abra una Comisión de Investigación con el objetivo de «depurar responsabilidades».

El concejal de Izquierda Unida, Raúl Salinero, señala que el escrito que remitirá su partido al fiscal se «enfocará hacia el hecho de pedir responsabilidades políticas». Y aquí, el edil apunta, «en primera instancia, al que fue concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez, y al ex alcalde, Juan Carlos Aparicio. Ya no lo decimos nosotros, sino que el regidor, Javier Lacalle, ya lo dio a entender en unas declaraciones ante los medios de comunicación la semana pasada».

En cualquier caso, Salinero tampoco descarta que la investigación pueda extenderse a algún funcionario público y sostiene que «si no ha hecho debidamente su trabajo, desde luego que también» debe dar explicaciones. Eso sí, aquí explica que deberá ser el propio fiscal el que lo decida. Y es que, tal y como señala, «es muchísimo dinero, el local ha estado ocupado de forma ilegal y eso, el aparato de la Administración no lo puede permitir», argumenta indignado antes de preguntarse por qué la Fiscalía no ha actuado desde que era conocedora del tema.

Respecto a la proposición para pedir la apertura de una Comisión de Investigación que firman los portavoces de los tres partidos, el texto de la misma alude a la «situación de alarma social creada entre la ciudadanía por el descubrimiento de los reiterados impagos producidos por el arrendatario de la cafetería Espolón».

En este sentido, la proposición también exigen una explicación sobre el «aval bancario renovable anualmente por importe de 5.976.000 pesetas (35.916,48 euros)» y que, según señala, «debió de ser ejecutado por el Consistorio transcurrido el plazo de cinco años». Fecha en la que, tal y como indica, no se habían cumplido las obligaciones contractuales.

El escrito consensuado por los tres partidos también hace hincapié en que desde el año 2000 «el arrendatario no ha realizado los pagos comprometidos, sin hacerse cargo, siquiera, de las facturas de luz, gas y agua del local como debería de haber hecho según contrato». Y añade, dentro de la exposición de motivos con la que entienden que se debe producir la Comisión de Investigación, que «el contrato de arrendamiento tenía una vigencia de cinco años, computable desde la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación definitiva, siendo el mismo improrrogable. Sin embargo, se le ha renovado tácitamente otros cinco años».

Mientras tanto, el equipo de Gobierno espera la resolución judicial que permita el desahucio de la cafetería Espolón. Los servicios jurídicos ya han reclamado en la demanda el importe de 300.000 euros procedentes de la deuda acumulada entre el año 2003 y 2008. El resto de la reclamación, los otros 250.000 euros procedentes de los intereses de demora, el alquiler de la cafetería interior del Teatro Principal y el pago de la luz, el agua y el gas vendrán después.