Olivares pagó 117.000 euros en el año 2000 por la reforma y el mobiliario del Espolón

J. MAIQUES / Burgos

El equipo de Gobierno  socialista de Ángel Olivares pagó hace once años 117.041 euros (19.474.116 pesetas según el contrato) al anterior arrendatario de la cafetería Espolón (antiguo Pinedo) para que el actual, al que se le reclama una deuda que supera los 550.000 euros, pudiera poner en marcha su negocio, entre otras cosas, con  44.784 euros del mobiliario ya instalados en su interior. Lo que es lo mismo, el Ayuntamiento asumió esa inversión en beneficio del actual adjudicatario del inmueble que, gracias a ello, tuvo la opción de liberarse de realizar un gasto por ese importe.

Así aparece recogido en el contrato de alquiler al que ha tenido acceso este periódico y en el que también se detalla que el Consistorio también pagó, IVA incluido, 15.312 euros por las bombas trituradoras, el montacargas y la instalación de sonido del establecimiento. El resto de la cantidad abonada por el Ayuntamiento al antiguo arrendatario, Secorar S.L., se corresponde a la reforma del local (66.159 euros) y a otras obras adicionales (7.885).

Por su parte, Secorar S. L. abonó 17.100 euros en concepto de indemnización por la rescisión del contrato con el Ayuntamiento, lo que dejó el pagó final de la Administración a la empresa en los 117.041 euros ya mentados.

El acuerdo final, con todas las cantidades ya incorporadas, se adoptó en Comisión de Gobierno el 16 de febrero de 2000, mientras que la adjudicación al actual arrendatario, Atalaya Fernández, se acordó el 3 de mayo de ese mismo año y se ratificó en el mismo órgano 15 días después. La formalización del contrato se produjo el 30 de agosto y allí se establece que el alquiler de la cafetería sería de 2.440 euros al mes (406.000 pesetas), y que el del bar interior del Teatro Principal estaría fijado en otros 553 (92.000 pesetas).

Fue precisamente el pago del servicio del interior de la dotación cultural, según la versión del Ayuntamiento, el argumento utilizado por Atalaya Fernández para no abonar nunca ninguna de las dos cantidades establecidas en el contrato. Posteriormente, cuando se decidió perdonárselo (ahora se le reclama) las razones para no pagar, según detalló hace un mes el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, se debieron a cuestiones tributarias relacionadas con el IVA y el IRPF. Con todo esto, el tiempo pasó y la realidad es que ahora, por haber prescrito la deuda entre 2000 y 2003, ya se ha renunciado a 113.510 euros. El resto, junto al desahucio, se intenta recaudar, en estos momentos, por la vía judicial.