Un sector de los hosteleros quiso llevar a los tribunales al Ayuntamiento

J. MAIQUES / Burgos

Una parte importante del sector de la hostelería de la ciudad se siente como uno de los grandes damnificados por el caso de la deuda de la cafetería Espolón. Hasta tal punto se consideran dañados por esta historia que incluso cuando conocieron la noticia por este periódico,  hace casi un mes y medio, se plantearon la posibilidad de denunciar al Ayuntamiento por propiciar una competencia desleal entre este establecimiento y los del resto de la ciudad, tal y como señaló en los micrófonos de Punto Radio, el presidente de los hosteleros, José Luis López.

Así se debatió en una reunión de la junta directiva de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos (casi inmediata a que saliera a la luz pública la información en EL CORREO DE BURGOS el 2 de septiembre), en donde una parte de sus integrantes propusieron emprender acciones legales contra la administración municipal. Finalmente, no se tomó la decisión, ni en un sentido ni en otro, y todo queda a expensas de cómo se desarrollen los acontecimientos.

Mientras tanto, el caso de la cafetería Espolón llega hoy al máximo órgano colegiado de Gobierno municipal de dos formas, aunque parecidas, bien distintas. De un lado, los tres partidos de la oposición presentan al Pleno una proposición conjunta para solicitar la creación de una comisión de investigación, y de otro el Grupo Municipal del Partido Popular expone una moción para pedir la creación de una investigación interna. En otras palabras, PSOE, UPyD e IU quieren ser ellos mismos quienes interroguen a los políticos y el PP se decide porque sea la Secretaría General del Ayuntamiento la que «articule, lidere y tutele» una investigación interna y «exhaustiva» que no los exponga a ese mal trago. Por aquello de la mayoría absoluta de los populares (votarán en contra de la comisión), y porque así lo confirmó ayer el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Ibáñez, sólo la segunda opción tendrá éxito hoy en la Casa Consistorial. De la primera, por tanto, sólo quedará constancia testimonial.

Para explicar por qué la proposición de la oposición no es válida para el equipo de Gobierno, Ibáñez defendió ayer en la presentación de la moción de su grupo que «los representantes de los partidos políticos no estamos para poder evaluar jurídicamente cuáles eran los pasos que debían haberse dado, o cuál ha sido la situación que no ha funcionado correctamente».

En este sentido, insistió en que «no es una cuestión en la que los políticos debamos opinar. Una comisión formada por políticos probablemente sólo serviría para lanzar descalificaciones o acusaciones. Y lo que intentamos es llegar al fondo del asunto», defendió.

Y es que, según la teoría del vicealcalde, «el modo de encauzarlo es a través de quien puede presentar una visión de los hechos completamente objetiva, transparente y alejada de todo de tipo de posiciones o postulaciones de tipo político». Algo que, a su entender, sólo puede hacer «un órgano como la Secretaria General» que, todo lo que tenga que decir, «lo va a explicar de forma independiente».

De este modo, y para que no quedara ninguna duda, defendió la neutralidad del secretario al recordar que «lo lleva siendo (independiente) desde hace muchísimos años y con gobiernos de distinto signo político».

Preguntado por la posibilidad de que la investigación interna sólo saque responsabilidades de los funcionarios, y no de los políticos, Ibáñez defendió que los expedientes administrativos «no son actuaciones que tramitan los políticos, que nos dedicamos a diseñar las estrategias, proponer expedientes e iniciativas».

Entre otras cosas, porque, según apuntó, «no corresponde a un político tomar la decisión» de un expediente «de forma arbitraria». Porque eso, añadió, «tiene un nombre muy concreto en la jurisprudencia» (prevaricación).

En la misma línea, insistió en que en que en el equipo de Gobierno «no hay inconveniente en que se haga una evaluación pormenorizada» y añadió que, «si se concluye que hay responsabilidades, por parte de los órganos políticos se tomarán las decisiones oportunas».

Lapsus con la deuda

En el transcurso de la exposición, el vicealcalde tuvo un lapsus cuando trató de restarle importancia al asunto y afirmó que «el  Ayuntamiento no ha perdido los derechos económicos que tiene porque las comunicaciones (al arrendatario) se hicieron en 2008». Aquí, Ibáñez olvidó los más de 110.000 euros prescritos entre el año 2000 y 2003.

Por cierto, el encargado de defender la postura del PP será el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda.Difícil el cobro de la luz y el aguaEl cobro de los 60.000 euros que reclama el Ayuntamiento al arrendatario de la cafetería Espolón por las facturas de la luz y el agua está complicado. Aunque desde el Consistorio confían en que los servicios jurídicos encuentren la fórmula para que el dueño de la explotación pague por este servicio, la realidad es que parece difícil de demostrar lo que este negocio ha podido gastar en los últimos once años. Entre otras cosas, porque ni el equipo de Gobierno del PSOE ni el del PP se encargaron de colocar contadores individuales. Así, las facturas corresponden al gasto de todo el Teatro Principal y los 60.000 euros (50.000 de luz y 10.000 de agua) son un cálculo aproximado que no es exacto.