La Policía intervino más de 300 armas durante el pasado año

Burgos

Durante el año 2011, los policías de la Comisaría Provincial de Burgos han intervenido, en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, trescientas cuatro armas o instrumentos susceptibles de ser utilizado como tales.

Esta ley faculta a la Policía a realizar las comprobaciones necesarias para impedir que en calles, lugares y establecimientos públicos, se porten o utilicen ilegalmente armas, y proceder en su caso a la ocupación, con el objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de las cosas.

Las distintas unidades policiales buscan impedir que se porte cualquier tipo de arma u objeto de susceptible de ser utilizado como tal en las zonas de ocio, en acontecimientos deportivos o en cualquier otra situación en la que se produzca una gran aglomeración de gente. Cabe señalar que existen armas que están directamente prohibidas por la legislación (navajas automáticas, puños americanos…) y cuya tenencia es directamente objeto de sanción administrativa, cuando no penal.

Otras armas sólo serán objeto de sanción administrativa si se llevan en el momento o circunstancias inadecuados, por ejemplo cuando se lleva un machete de montería en una zona de ocio. Aunque las armas intervenidas más usualmente son navajas, cuchillos y machetes de todo tipo, se han llegado a intervenir pistolas de fogueo, pistolas eléctricas, hachas, bates de béisbol, cables de acero de gran grosor (empleados como porras) o puños americanos. El mayor número de intervenciones se realiza en los meses de verano, de julio a octubre, con 31, 31, 34 y 32 incautaciones respectivamente, seguidos del mes de diciembre, con 30 actas levantadas. Las sanciones administrativas pueden llegar, en casos excepcionales, a los 601.000 euros, aunque la más usual ronda los 300. Además, la legislación prevé que, en los casos de infracciones graves o muy graves, las sanciones que correspondan podrán sustituirse por la de expulsión del territorio español, cuando los infractores sean extranjeros, de acuerdo con lo previsto en la legislación.