Blasco esperará al Presupuesto del Estado para empezar a negociar con los funcionarios

J. MAIQUES / Burgos

Es mejor no dar ningún paso sin saber, a ciencia cierta, cuáles son las intenciones del Gobierno de España. Esa es la premisa que se ha autoimpuesto la Concejalía de Personal después de que cada vez sean más las voces, aunque no oficiales, que apuntan a que el Ejecutivo de Rajoy pueda obligar, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, a que los ayuntamientos apliquen un incremento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales. Una prudencia a la que, por otro lado, aconseja el silencio que existe ahora mismo en Madrid.

Con esta incógnita sin despejar, carecería de todo sentido que el Ayuntamiento iniciara unas negociaciones, tanto con funcionarios como con laborales, en unas condiciones que pueden cambiar en apenas unos meses y que sólo habrían servido para imaginar un escenario irreal, tal y como explicó ayer, en términos similares, la concejal de Personal, Carolina Blasco.

Así, algunos asuntos como, por ejemplo, la flexibilidad horaria se negociarán de una forma u otra en función de lo que dictamine el Gobierno. Y sólo será en detalles de este tipo como podrían modificarse las condiciones del diálogo ya que, tal y como aclaró la concejal, el incremento de la jornada no repercutirá en otros asuntos que se pongan encima de la mesa para negociar. Dicho de otra manera, que el Ayuntamiento no abandonará sus exigencias por el hecho de que los funcionarios y los laborales tengan que trabajar más horas.

En cualquier caso, y en el supuesto de que el Gobierno no obligue a adoptar esta medida, la decisión última sobre el incremento de la jornada siempre quedará en manos del Ayuntamiento. De hecho, así lo reflejó el informe elaborado por la Secretaría General, en donde señala que la Administración local goza de esta potestad a través del Estatuto Básico del Empleado Público.

De cualquier forma, lo cierto es que habrá que esperar, presumiblemente hasta bien entrado el mes de marzo (es cuando se prevé que esté listo el Presupuesto), para conocer si el Gobierno obliga, por imperativo legal, a adoptar esta medida. De momento, los convenios con Policía Local y Bomberos, que finalizaron el año pasado, se encuentran prorrogados a la espera de retomar el diálogo.