Ibáñez desmiente a todos y asegura que él sí conocía la deuda de 56 millones de euros

J. MAIQUES / Burgos

Se le ha señalado como el responsable de que el Ayuntamiento deba 56 millones de euros a proveedores y eligió ayer, tras la Junta de Gobierno Local, para responder a todas las críticas, defender la gestión del último equipo de Gobierno y, por supuesto, su papel al frente de la Concejalía de Hacienda durante el pasado mandato. El vicealcalde, Ángel Ibáñez, no asumió errores y achacó a factores externos, que enumeró con detalle, el desfase que se ha producido en las cuentas municipales.

Lo primero que quiso aclarar el portavoz fue apuntar que 51 de los 56 millones que se deben se corresponden a facturas «del ejercicio 2011 y de lo que llevamos de 2012». Una circunstancia que, aunque no fue detallada por el concejal, se debe al hecho de que las partidas se han agotado (algunas de ellas a mitad de año) para abonar importes pendientes de años anteriores, tal y como han señalado en otras ocasiones algunos miembros del equipo de Gobierno.

Dicho esto, Ibáñez desmintió las declaraciones realizadas desde su propio partido, y reproducidas reiteradamente por los medios de comunicación, en las que se reconocía el desconocimiento sobre el importe total de facturas impagadas. «El Ayuntamiento siempre ha tenido pleno conocimiento, en la anterior etapa y en la actual, de la situación de las arcas municipales, de su tesorería y de las facturas existentes. Siempre lo ha tenido», corrigió contundente ante la presencia de su sucesor en Hacienda, Salvador de Foronda. Éste permaneció callado durante toda la intervención del portavoz y sólo le echó un cable, con pequeñas aportaciones, cuando el vicealcalde le invitó a intervenir.

Tras dejar constancia de estas dos pinceladas, el portavoz tiró de números y empezó a explicar lo que, a su juicio, son las razones que explican esta acumulación de facturas sin pagar: la reducción de ingresos por impuestos indirectos, la disminución de las transferencias que el Ayuntamiento recibe de la Junta de Castilla y León y el Gobierno, la congelación de impuestos y tasas municipales durante los últimos años y los efectos de la «economía global».Continúa en edición impresa