López reclama que se regule el derecho al olvido en la Red

M. R. / Burgos

Cada vez es más creciente el número de personas que deciden abandonar sus perfiles en las redes sociales y se encuentran con que es prácticamente imposible que dejen de aparecer datos suyos en Internet. Es lo que se denomina el derecho al olvido y que se debe regular, según explicó ayer Enrique López, magistrado de la sección Penal de la Audiencia Nacional, que impartió una conferencia en el Colegio de Abogados de Burgos.

Bajo el título de 'Escuchas ilegales e interceptación telefónica', López habló del derecho a la intimidad, del derecho al secreto de las comunicaciones y de cuáles deben ser las garantías legales que deben regular la intromisión en esas comunicaciones. En cuanto a la intimidad, López indicó que es un concepto que ha cambiado con las nuevas tecnologías. «No es lo mismo el concepto de intimidad de una monja de Lerma que el de un joven que participa en siete redes sociales», explicó. Esas plataformas son las que hacen necesario «generar una cultura de los riesgos de renunciar, a veces no informado, a la intimidad», ya que hoy la Red «lo capta todo y permanece de manera indeleble».

La irrupción de las nuevas tecnologías ha dejado en la prehistoria la escasa legislación que regula las escuchas ilegales. «Tenemos una ley que data de 1988 y que el Tribunal de Estrasburgo nos está reiterando de una manera bastante clara que se debe realizar una reforma legal», explicó. Fue una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como consecuencia de la Ley Antiterrorista, pensada para intervenir teléfonos fijos. En la actualidad, una mera conversación por teléfono móvil da datos de la ubicación de los que hablan, los identifica y determina el tiempo que ha durado la llamada.  El magistrado de la Audiencia Nacional consideró necesario que se aplique una nueva legislación que prevea un principio de proporcionalidad entre el secreto de las comunicaciones y la persecución de hechos delictivos. El secreto de las comunicaciones es «un derecho fundamental», por lo que la normativa debe establecer unos parámetros concretos para garantizar una mayor seguridad jurídica que «vendrá bien al sistema» y servirá a jueces y Policía Judicial.