El Consistorio cobró en 2011 sólo cuatro de cada diez recibos en vía ejecutiva

J. MAIQUES / Burgos

Deudores ocasionales, insolventes, en situación de extrema necesidad y morosos profesionales. El Ayuntamiento de Burgos tiene que lidiar a menudo con estos cuatro perfiles que se retrasan en el pago de sus recibos o multas y el resultado, cuando llega el momento de enviar una notificación para recordar la obligación de pago, es que apenas cuatro de cada diez burgaleses en esta circunstancia abonan a la Administración su deuda contraída. En cifras, de los 16.365.678 euros que la Concejalía de Hacienda reclamó en 2011 por vía ejecutiva (apremio de pago de un recibo o una multa que no se ha abonado), sólo consiguió ingresar 6.162.678. Lo que es lo mismo, apenas cobró un 37,66% de lo que exigió por este procedimiento.

Si bien es cierto que un recibo en vía ejecutiva puede tardar en cobrarse algún que otro año (es un proceso reglado por ley que tiene establecidos sus propios plazos), también lo es que en el equipo de Gobierno son conscientes de la dificultad y los impedimentos que se encuentran para dar la vuelta a la situación, ganar eficacia y mejorar los ratios de cobro.

No obstante, el Plan de Ajuste enviado a Madrid hace apenas diez días evidencia que el Ayuntamiento quiere corregir la situación y tiene la intención de poner todas las herramientas para mejorar estos índices. Y conscientes de la dificultad, el objetivo es conseguir elevar hasta el 40% el cobro de recibos y multas en vía de apremio. Un incremento aparentemente insignificante pero que, según las estimaciones de la Concejalía de Hacienda, conseguiría recaudar al año 700.000 euros más de lo que se ha conseguido ingresar en los últimos ejercicios.

Para ello, la primera medida, según se detalla desde la Concejalía de Hacienda, será la puesta en marcha de un sistema informático que permitirá compartir datos con la Agencia Tributaria. Así, el intercambio de información entre las dos administraciones y deberá servir, por ejemplo, para bloquear las devoluciones de la Renta de aquellos ciudadanos que tengan facturas o sanciones sin pagar con el Ayuntamiento.

Algo similar es lo que se quiere hacer con la Junta de Castilla y León, con quien se pretende firmar un convenio de traspaso de datos. Este acuerdo, entre otras cosas, permitirá localizar a ciudadanos que no viven en Burgos y eso facilitará el cobro, sin ir más lejos, de infracciones como las de tráfico.

La tercera medida que contiene el Plan la tiene el Ayuntamiento en su propia casa y consiste en «potenciar» las tres áreas que, dentro de la Concejalía de Hacienda, pueden mejorar el cumplimiento del cobro: Tributación, Recaudación e Inspección.

Vía voluntaria

Por otro lado, las cifras de recaudación en vía voluntaria son mucho más elevadas y evidencian que la inmensa mayoría de los  contribuyentes cumplen con sus obligaciones a tiempo. En concreto, de los 107.256.414 euros que el Ayuntamiento exigió por recibos y sanciones, los ciudadanos abonaron 85.060.271 euros. Dicho de otra manera, se cobraron puntualmente el 79,31% de las facturas y multas. El resto, los otros 22 millones pasan a vía ejecutiva.

Aunque la recaudación voluntaria se mueve en unos índices aceptables, la Concejalía de Hacienda también se ha propuesto mejorar su efectividad y aspira a pasar en los próximos años del 79% de cobros al 82%.El retraso también se pagaEl procedimiento para el cobro de la deuda una vez que ha finalizado el plazo de pago voluntario va unido a un recargo que varía en función de la tardanza a la hora de cumplir con la obligación tributaria. Así, hasta la notificación de la providencia de apremio se aplica una 'ejecutiva blanda' que supone un incremento de la factura de un 5% que deberá abonar el deudor por la tardanza.

Si todavía no se ha efectuado el pago en el plazo que establece dicha providencia, se eleva hasta el 10%, y si se sigue sin pagar y finaliza esta última prórroga aumenta el coste hasta en un 20%. Todo esto con el añadido de otros intereses que se cargan por la demora y las costas causadas.

Pero si todo esto no funciona y las notificaciones se acumulan una tras otra sin que el contribuyente cumpla con su obligación, la administración investiga la existencia de cuentas corrientes, salarios, pensiones, bienes inmuebles o muebles por si hiciera falta recurrir al embargo.