La UBU ahorrará más de 709.000 euros con el recorte en personal docente
Amortizan 104 plazas entre jubilaciones, profesores asociados y ayudantes
N. E. / Burgos
La amortización de plazas de profesor durante este curso y el próximo supondrá un ahorro en la partida de personal de la Universidad de Burgos superior a los 708.500 euros, según explicaba ayer el vicerrector de profesorado, Alberto Bol, tras informar de las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo que se aprobaron ayer en Consejo de Gobierno.
En cifras totales la Universidad de Burgos reduce su plantilla docente en 30 personas (de 700 a 670), aunque en concreto se amortizan 104 plazas en las titulaciones menos demandadas y, a su vez, se dotarán otras 73 plazas en aquellos grados con más alumnos.
La reducción de plazas, que se acrecienta entre el sector de profesores asociados (45) y profesores asociados contratados en vía de urgencia (48), tiene que ver con la aplicación del Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes en el ámbito educativo. Según explicaba Bol, la norma establece un incremento en las horas lectivas de los profesores universitarios dependiendo de los méritos en investigación que acrediten. De media se pasará de 240 horas lectivas a 320 que tendrán que ser asumidas por profesores funcionarios a los que se les amplia la carga y, por tanto, no podrán darlas los profesores asociados y los ayudantes. El vicerrector de Profesorado añadía que, según ese Real Decreto, con la plantilla actual de la UBU debían estar capacitados para pasar de 144.860 horas de clase a 153.515 horas.
Según la Relación de Puestos de Trabajo aprobada ayer, se amortizan un total de 104 plazas a través de jubilaciones y finalizaciones de contrato que no se renuevan. Ocho corresponden a jubilaciones, 1 plaza de un ayudante, 45 son profesores asociados y 48 asociados que accedieron a través de la vía de urgencia.
La UBU se ha visto obligada a tomar esta decisión tanto por el Real Decreto como por la incertidumbre del momento al no contar con presupuesto real ni del Estado, ni de la Consejería de Educación ni de la propia Institución Académica.