El Correo de Burgos

Lacalle encarga un informe jurídico sobre la sentencia contra el bulevar

El dictamen analizará la «letra pequeña» y señalará qué hacer para aplicar el fallo firme que da la razón a los vecinos expropiados

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Burgos

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L. B. / Burgos

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, encargará un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para analizar «la letra pequeña» de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula la ejecución del Tramo 3 del bulevar ferroviario, que une las calles El Carmen y Casillas.

El equipo de Gobierno conocía el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo durante su 'retiro' en Santo Domingo de Silos, donde el regidor municipal se reunía esta misma semana con sus ediles para abordar las prioridades para el próximo curso político.

Allí, Lacalle, conocedor de las circunstancias que rodean el proyecto del bulevar, pues los procedimientos administrativos previos a la obra se realizaron cuando él lideraba la Gerencia de Fomento, restaba importancia a la sentencia y alegaba que las decisiones tomadas estuvieron «dentro de la normalidad» en este tipo de procedimientos.

Por este motivo, tanto el primer edil como el vicealcalde y actual responsable del área de Urbanismo, Ángel Ibáñez, dicen estar muy tranquilos.

«El fallo no ha generado ninguna alarma, la verdad», asevera el portavoz municipal. «Aunque habrá que analizar con detenimiento el contenido de la sentencia parece que se refiere a aspectos técnicos», añade para recordar que el Reglamento de Urbanismo contempla la ocupación de espacios cuando no se alcanza un acuerdo con los propietarios de la parcela.

No se contempla, «como es lógico», precisa el edil, la reversión de la obra efectuada en concreto en las traseras de la calle Santa Clara. «No tendría ningún sentido deshacer la intervención pues ya está finalizada y en uso», considera Ibáñez.

Lo que sí garantiza el vicealcalde es que el dictamen técnico elaborado por los letrados municipales del área jurídica y de Fomento no estará listo hasta el mes de septiembre. «Analizar la sentencia requerirá un tiempo. Una vez finalice esta labor contaremos con un documento que indicará al Ayuntamiento qué debe hacer en el caso de que se solicite la ejecución de esta sentencia», apunta.

Cabe recordar que la sentencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Adminitrativo del Alto Tribunal de la región declara la nulidad parcial del proyecto de urbanización del bulevar y del documento técnico que lo avala por ocuparse el suelo en cuestión directamente.

El fallo considera que el Ayuntamiento tendría que haber desarrollado con carácter previo la denominada Unidad de Normalización y Actuación en la que se incluye esta parcela.

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, esta sentencia firme anularía las expropiaciones llevadas a cabo en la zona. Invalida también la compensación a los propietarios del suelo al ubicarse las fincas entregadas en sustitución del terreno expropiado en una Unidad de Actuación diferente como es la zona de La Ventilla.

Además, tampoco les sería de aplicación el cargo económico por la urbanización de las zonas a los propietarios. Es decir, el dueños iniciales del suelo no tendrían que pagar la actuación en él tal y como pretende el Ayuntamiento.

Preguntado por cada uno de estos aspectos, Ibáñez apela al futuro informe jurídico. En él se valorarán las medidas a adoptar.

Tampoco preocupa, a priori, la posibilidad de que esta sentencia, contra la que no cabe recurso, abra la veda a una cascada de denuncias, y fallos judiciales en consonancia, de afectados en otras zonas de la ciudad por las que discurre el bulevar y que se encuentran en la misma situación.

«Contra los actos  del Ayuntamiento existe la posibilidad de interponer un recurso de reposición como paso previo a acudir al Contencioso-Administrativo», señala al respecto. Así ocurrió de hecho en el caso que ha suscitado la sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Tal y como este periódico relataba ayer la representación legal de uno de los propietarios presentó alegaciones por la vía administrativa contra las decisiones adoptadas tanto por la Junta de Gobierno Local como por el Pleno del Ayuntamiento de Burgos que auparon el procedimiento ahora anulado.

Las alegaciones fueron desestimadas y el denunciante optó por acudir a los tribunales. Y le han dado la razón.

Está pendiente otro fallo por un hecho de idénticas características en una parcela diferente del mismo Tramo 3 del bulevar. Es de suponer que la decisión judicial sea similar a la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

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