1.247 familias burgalesas podrán acogerse al pago anticipado de VPO de la Junta
El decreto, en periodo de alegaciones, permitiría adquirir los inmuebles de promoción directa. 137 burgaleses están en régimen de alquiler, 1.110 en propiedad
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MARTA CASADO/Burgos
Un total de 1.247 burgaleses que disfrutan de una vivienda protegida en régimen de propiedad pero con el préstamo pendiente o en régimen de alquiler pueden optar al programa de amortización anticipada que ultima la Junta de Castilla y León. El Decreto que rige este novedoso procedimiento, que permitirá la entrada de dinero líquido a las cuentas corrientes de la administración regional, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León(Bocyl) el pasado 8 de octubre, momento en el que se abrió un periodo de 30 días de alegaciones al mismo. Con él se permite «regular la amortización anticipada de las viviendas de protección pública de promoción directa destinadas a la venta así como la adquisición de las que están destinadas al arrendamiento, estableciendo los requisitos necesarios y el procedimiento a seguir», refleja Fomento en el portal web de la Junta de Castilla y Léon.
En alquiler
La aplicación directa de esta norma podría beneficiar a un total de 137 familias burgalesas que cuentan con una vivienda protegida promovida por la Administración regional en régimen de alquiler. Éstas podrán sumarse a la amortización anticipada con un precio de venta que «será el módulo básico estatal vigente en el momento de presentar la solicitud», refleja el proyecto de Decreto por el que se facilita el acceso en propiedad a los titulares del arrendamiento de las viviendas protegidas de promoción directa de la Junta de Castilla y León. El coste de los anejos a la vivienda será un 60% del precio calculado por módulo protegido. En el precio total se podrán «deducir el precio de los importes abonados en concepto de renta y en los términos que se determinen reglamentariamente». Además se beneficiarán de una reducción de entre el 30% y el 10% en función de su nivel de ingresos siempre y cuando la rebaja no sea inferior al 50% del precio de venta fijado.
En propiedad
Para aquellos beneficiarios que disponen de una vivienda protegida de promoción directa en propiedad pero con pagos pendientes con la administración podrán amortizar esas cantidades aún sin abonar por no haber entrado en vigor el periodo de pago. Podrán acogerse a esta amortización total, en función del precio establecido en el inicio del contrato de adjudicación ya que se refiere a los pagos pendientes. La cantidad pendiente a amortizar se puede reducir entre un 30%, con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); del 20% con ingresios superiores al 1,5 e inferiores al 2,5 vecesel IPREM, y del 10% para aquellas unidades familiares con ingresos iguales o superiores a 2,5 veces el indicador. En régimen de propiedad con pagos pendientes en Burgos existen un total de 1.110 inmuebles y, por tanto, familias que pueden acogerse a esta norma si lo estiman oportuno. De acogerse a esta medida pasarán a ser propietarias de la misma quedando totalmente desvinculada la administración regiona.
Los 1.247 potenciales beneficiarios del decreto disponen de un año desde el día después de la publicación definitiva de esta norma, que aún está en periodo de alegaciones hasta el 8 de noviembre. La solicitud se presentarán en los registros habilitados al efecto,por telefax o telemáticamente en la web tramitacastillayleon.jcyl.es. Después se trasladará al Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de Burgos que en diez días responderá si falta documentación y en tres meses resolverá y notificará el procedimiento. Los requisitos que deben cumplimentar son: estar ocupando la vivienda como residencia habitual y permanente, estar al corriente en el pago de cuotas o del alquiler y estar al corriente en el pago de la comunidad de propietarios. Tras abonar el pago, el interesado deberá remitir copia del documento que acredita la operación y en un mes el Servicio Territorial de Fomento dictará la resolución y posterior entrega de escritura pública de compraventa. Los gastos derivados de la operación serán por cuenta del solicitante cuya vivienda no perderá el régimen de protegida.