Las obras de conservación de Espolón 28 podrían iniciarse en pocas semanas
Un auto del juzgado autoriza al Ayuntamiento a entrar en el inmueble, pese a la oposición de los propietarios, para que comiencen los trabajos de mantenimiento

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N. E. / Burgos
Las obras de mantenimiento y conservación del edificio del Paseo del Espolón número 28 podrían comenzar en el mes de diciembre, una vez que las partes implicadas en este intrincado asunto han recibido el auto del juez que autoriza la entrada en el edificio ante la negativa de la propiedad.
Las actuaciones pertinentes que se van a ejecutar de manera subsidiaria por el Ayuntamiento y con cargo a los dueños del inmueble se realizarán en al menos dos fases. La concejala de Licencias, Dolores Calleja, indicaba que ha firmado la resolución que permitirá dividir los trabajos en fases y la primera podría comenzar en el plazo de unas pocas semanas con el dinero que ya se ha recaudado a los propietarios cuya suma asciende a 255.000 euros.
El último auto del Juzgado Contencioso Administrativo Número uno arroja una nueva luz para lograr el objetivo de la conservación de este céntrico edificio que ha pasado por un amplio rosario de resoluciones judiciales y administrativas en la última década.
El Ayuntamiento de Burgos presentó la solicitud de autorización judicial de entrada en domicilio para proceder a la ejecución forzosa del acto administrativo contenido en el Decreto de 3 de diciembre de 2010 en el que se recogía la orden de ejecución por la que se requería a la propiedad la realización de las obras para la conservación y mantenimiento del edificio, advirtiendo de la ejecución subsidiaria en caso contrario a costa del obligado.
La propiedad del edificio se negaba a autorizar la entrada aludiendo al artículo 18.2 de la Constitución española que establece que el domicilio es inviolable sin que exista consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
Los razonamientos jurídicos expuestos en el auto concluyen que se autoriza al Ayuntamiento la entrada en el inmueble «para la ejecución de las obras de mantenimiento y conservación, teniendo en cuenta el alarmante deterioro que está sufriendo el edificio en cuestión». De esta manera, se tiene en cuenta que la única ocupante del edificio muestra su consentimiento, mientras que quienes no habitan en el inmueble, propietarios del edificio, niegan la entrada. «No se estima que el derecho a la inviolabilidad del domicilio de quien no lo habita materialmente pueda prevalecer frente al principio de protección ciudadana ante el deterioro del edificio y en prevención de futuros daños a las personas y los bienes». También tiene en cuenta el auto que la negativa de entrada de la propiedad se «basa en la oposición expresa a la rehabilitación del edificio». Recuerda que la ley procesal permite al Ayuntamiento llevar a cabo la ejecución forzosa de los trabajos solicitados, de cara a la conservación del edificio, en cumplimiento de la normativa vigente que le permite reclamar a los propietarios la obligación de «ornato y habitabilidad» de un inmueble.
10 meses de obra
Este auto tiene validez durante los próximos 10 meses, que es el plazo previsto para la duración de las obras de acuerdo a un proyecto que existe desde finales de 2011. Para la redacción de este proyecto tuvo que mediar también el juez para permitir la entrada del técnico al edificio para que pudiera examinar su estado de conservación. El 23 de diciembre de 2011 este mismo juzgado acordó la autorización al profesional que se encargó de redactar el proyecto.
Otro de los trámites que está apunto es la firma de la adjudicación de la dirección de ejecución de la obra ya que se necesita un aparejador para llevar a cabo los trabajos. Todas las personas que realicen las actuaciones necesitarán llevar una copia del auto judicial.
El Espolón 28 es un caso particular para el Ayuntamiento que está tratando de impedir la demolición en beneficio de la conservación. Los propietarios, por su parte, han tratado a toda costa de lograr la declaración de ruina inminente y de ruina económica y ambas han sido desestimadas en varias ocasiones tanto por los técnicos municipales como por los juzgados.