El 75% de extranjeros acogidos ya eran usuarios antes de la crisis

M. R. / Burgos

La crisis económica sigue golpeando a la población extranjera con la misma virulencia, o más si cabe, que antes de que llegara la recesión. Por esa razón, como decía ayer Alfonso Dia Matina, natural del Congo y burgalés desde hace 20 años, «me considero como alguien que acaba de llegar». Según explicaba Elena Tomé, responsable de acogida del proyecto Atalaya Intercultural, la casi totalidad de los inmigrantes que utilizan este servicio ya lo hacían antes de la crisis. De hecho, 598 de las 2.362 personas que pasaron por el despacho de acogida lo hacían por primera vez. Con este y con muchos otros datos que se recogen en documentos como el Mapa de las Migraciones se quiere poner de manifiesto la necesidad de preservar los derechos de los inmigrantes.

La Mesa Diocesana de la Diócesis de Burgos organiza una Jornada de las Migraciones en torno a la celebración del Día Mundial, el 20 de enero, que arrancó ayer con un círculo de silencio en el Paseo de Atapuerca. Una concentración para mostrar el rechazo a la reforma del Código Penal que establecería como delito dar acogida a inmigrantes ilegales. Según explicó Tomé, a la falta de trabajo, que afecta a cerca del 36% de la población inmigrante, se suma que «no cuentan con un apoyo familiar como cualquier autóctono». Por eso, la acogida se centra en realizar programas de integración con cursos de Español y de capacitación laboral. Otro dato que indica la delicada situación de este colectivo es que el pasado año aumentó la demanda de los comedores sociales, de ropa y alimentos, triplicándose el número de demandantes.

La crisis no ha influido de manera significativa en el descenso de inmigrantes, según el coordinador de la Mesa Diocesana, José Luis Lastra. Recordó que hay 34.000 inmigrantes empadronados en Burgos y las bajas se cubren con la llegada de más inmigrantes. Sí se ha constatado un descenso de ciudadanos colombianos y ecuatorianos, aunque no es sólo porque regresen a sus países de origen sino porque se nacionalizan. Aunque oficialmente se van pocos -unos 250 al año-, la realidad es que son más los que se marchan. Lastra puso de manifiesto que hay más ciudadanos extranjeros con residencia legal -37.000- que empadronados. Remarcó los tres grandes derechos de la inmigración: El derecho de los estados a regular los flujos migratorios, siempre garantizando el respeto a la dignidad de la persona, el derecho a emigrar y el derecho a no emigrar, garantizando las condiciones para «poder vivir en la propia tierra».