Campo: «Es muy difícil saber cuánto dinero mueve esta actividad ilegal»

J. F. CORCUERA / Burgos

Uno de los negocios clandestinos que más han crecido de la mano de la crisis económica es el de los talleres mecánicos. La Guardia Civil ha detectado ya varios casos en Burgos a través de inspecciones de los residuos depositados sin control.

La actividad de estos talleres ilegales merma la de aquellos cuyo trabajo se desarrolla dentro de la Ley. Es una evidencia que pone de manifiesto Jesús Campo, presidente de la Asociación de Empresarios de Automoción de Burgos (Adeabur). Lo difícil es cuantificar cuál es el daño que esta práctica causa a la economía que transita por la legalidad.

«Es muy difícil conocer cuánto es el dinero que se mueve por estas actividades», reconoce Campo, quien subraya la necesidad de que los clientes que utilicen estos servicios colaboren para su desmantelamiento. Aunque esta disposición se aparece más difícil aún que la cuantificación económica de las pérdidas en las cuentas de los talleres legales la actividad de esos centros de trabajo ilegales.

«El taller clandestino no se anuncia y su actividad la desarrolla a puerta cerrada», indica. Por eso es muy difícil, incluso para la Guardia Civil, localizar estos centros de trabajo. Además, el conocimiento de Campo sobre estas actividades coincide con la del Seprona: se trata de actividades dispersas e individuales, nada de trabajar en red por evidentes motivos de seguridad.  «Haría falta la cooperación de los clientes para desmantelarlos, porque si no ¿cómo puedes localizar y demostrar que se trata de una actividad ilegal», reitera el presidente de Adeabur. «Un hecho es claro», agrega, «nos hacen daño».

La actividad de estos talleres ilegales afecta sobre todo al subsector de aquellos que se ocupan de las reparaciones mecánicas. En aquellos de reparación de chapa o en los que disponen de este servicio además de la atención a los problemas mecánicos, el efecto negativo es menor.

Campo explica que esta 'protección' se genera porque de entre un 80 y un 90% de la carga de trabajo para averías de chapa «llega de las compañías de seguros». En esos casos es necesaria la factura para justificar los gastos de una reparación, un documento inexistente en los pagos por los trabajos que se llevan a cabo en los talleres ilegales.

Además de las operaciones que la Guardia Civil de Burgos desarrolla para el control de la actividad en los talleres que, según Campo, se basa en la petición de la licencia de apertura, se ha intentado desde Adeabur contar con la colaboración de los comercios de venta de recambios para el automóvil. «Les hemos planteado que no vendan a quienes no presenten un CIF o, al menos, un nombre, pero es muy difícil porque hoy todo el mundo lo que quiere es vender ya que ni lo hace uno sí el de enfrente».

Otra de las medidas que han planteado para el control de las reparaciones mecánicas es que la Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) «que presente una factura del taller donde se han reparado la anomalías». «Así», agrega, «se entiende que existen garantías en la reparación de las averías detectadas en la inspección».

Campo ve difícil que se acepte esta demanda «porque las normas varían de unas comunidades a otras. Aunque avanza que en algún territorio autónomo «sí que hay cierta sensibilidad hacia esta demanda».