La necesidad de ahorro de Defensa amenaza con cerrar la Subdelegación

M. R. / Burgos

La necesidad de ingresos y de soltar lastre por parte del Ministerio de Defensa puede tener consecuencias directas en Burgos, donde la presencia militar sigue siendo notable a pesar de que en los últimos años se ha reducido el número de instalaciones militares en la ciudad en los últimos años. El plan  de reorganización y cierre de instalaciones que presentó ayer en el Senado el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, puede tener su primera baja en la capital con la sede de la Subdelegación del Gobierno.

En el viejo edificio que en su día albergó el Gobierno Militar y que es hoy la sede de la Subdelegación de Defensa trabajan en la actualidad medio centenar de personas, entre personal civil y militar, repartidos en cuatro grandes áreas: el órgano de apoyo al subdelegado, el área de Reclutamiento, Cría Caballar y Vivienda.

En este edificio también se ubican el Juzgado Togado Militar, las delegaciones de ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y del Patronato de Huérfanos, así como Intervención Delegada, la Hermandad de Veteranos así como una oficina de la Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

El primer planteamiento de traslado de estas dependencias al Palacio de Capitanía se ideó en el año 2008. Un año en el que también se proyectaba el traslado del Museo Militar, ubicado en el acuartelamiento ‘Diego Porcelos’, para ubicarlo en la planta baja de Capitanía. Este segundo traslado tiene más visos de ser más pronto que tarde una realidad, ya que el edificio de la plaza de Alonso Martínez ha adquirido un carácter más social y abierto con la organización de exposiciones. El traslado de la Subdelegación no fructificó por la crisis económica. Y en el caso de que se acabara prescindiendo del inmueble de la calle Vitoria, el personal se trasladaría a Capitanía.

Las dificultades económicas son las que han obligado a que el Ministerio de Defensa haya presentado este plan con el que pretende ahorrar 52 millones de euros. El plan confirma que de las 1.046 instalaciones que posee Defensa, 358 son innecesarias. En esa lista hay cuarteles, grandes bases, así como locales comerciales, solares y caminos de paso. En una primera fase, que se podría prolongar hasta el año 2017, se prevé el cierre de 86 instalaciones, en su mayoría las subdelegaciones provinciales. De esas más de 350 instalaciones que Defensa considera prescindibles, la mayoría son fincas, viviendas y locales. No obstante, el secretario de Estado indicó el «nulo impacto» en la actividad de Defensa. También indicó que los militares y civiles afectados no cambiarán sus funciones, sino que se trasladarían a otro edificio de la misma ciudad.