Herrera anuncia nuevas medidas si el Gobierno no retira el copago
El presidente de la Junta recordó que el requerimiento enviado es un paso previo
L. B. / Burgos
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se mantiene firme contra el copago farmacéutico en los hospitales para los pacientes crónicos. Ni siquiera hacen mella en su empeño, respaldado por unanimidad por las Cortes, las palabras de la ministra de Sanidad, Ana Mato, que el pasado miércoles insistía en Salamanca en su implantación pese al requerimiento remitido desde Castilla y León a la administración del Estado para que revoque o se anule la medida. «Eso no es una contestación administrativa, es una respuesta política», indicó Herrera.
Además, subrayó el carácter previo del requerimiento, como paso inicial lógico que precederá, en el caso de ser desatendido, a otras acciones en la misma línea. «Creo que en este tema me he expresado de forma seria y contundente, incluso pionera. Desde el primer momento he dicho lo que pensaba y de la misma manera que asumí la aplicación de las anteriores medidas vinculadas al gasto sanitario y farmacéutico porque estaban justificadas y han dado resultados y erradicado determinadas conductas, en este caso siempre me he manifestado en contra», recordó el presidente del Gobierno regional.
Así, explicó que la intención de que «esta postura no quede en pura retórica» motivaba el envío del citado requerimiento, «que es algo más que una simple carta a la ministra». No quiso, sin embargo, detallar en qué consistirán estas medidas futuras y preguntado por la posibilidad de acudir a los tribunales se limitó a señalar que primero hay que recibir respuesta del Gobierno central.
Cabe recordar que Herrera se rebelaba el pasado mes de septiembre contra la decisión del Ejecutivo de aplicar un nuevo copago farmacéutico que afectará a los carísimos tratamientos a los que se someten personas que padecen cáncer, hepatitis o esclerosis. Lo hizo nada más conocerse la medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Aunque en un primer momento se anunció que entraría en vigor en octubre, la ministra aplazaba después la aplicación a diciembre.