Clamor contra las tasas judiciales y la eliminación de juzgados provinciales

M. R.  / Burgos

Los abogados y procuradores de la provincia se sumaron ayer a las concentraciones en toda España para rechazar las tasas judiciales, que cumplen un año de vigencia, y para defender el actual mapa de partidos judiciales, que amenaza el borrador de la Ley de Planta y Demarcación elaborado por un grupo de expertos para el Ministerio de Justicia.

Las tasas han impedido el libre acceso de todos los ciudadanos a la Justicia, según lamentó ayer el secretario del Colegio de Abogados de Burgos, Arturo Almansa, quien explicó junto con la vicedecana del Colegio, María Santos, algunos de los efectos de esta medida recaudatoria. Según sus estimaciones, en este año de aplicación de las tasas han descendido entre un 30 y un 40% las apelaciones en los tribunales, con el consiguiente incremento de la justicia gratuita. Apelar a una segunda instancia como la Audiencia Provincial cuesta un mínimo de 800 euros más un porcentaje de la cantidad que se reclama. Simón puso como ejemplo el caso de un joven que sufrió un accidente de tráfico en el que quedó inválido. Su reclamación de cantidad llegó hasta el Tribunal Supremo y ganó. «En la actualidad no hubiera podido reclamar», aseguró la vicedecana, ya que hubiera tenido que pagar 36.000 euros en concepto de tasas judiciales. «Se ha puesto una barrera económica que es la peor de las barreras que se pone cuando uno demanda justicia», aseguró Almansa. El aumento de la justicia gratuita no ha hecho que se haya reforzado el turno de oficio, pero «se está haciendo una labor ingente por unos ridículos honorarios».

Las tasas también han tenido efectos en los despachos de abogados, que «están resistiendo», pero aunque «nos preocupan nuestros despachos» movilizaciones como la de ayer son «reclamar principios básicos que sustentan el bienestar de los ciudadanos». Al comienzo de la concentración se leyó un manifiesto en el que se reclama un pacto de Estado en el que participen todos los operadores jurídicos, potenciar la independencia de los jueces y el buen gobierno del Consejo General del Poder Judicial o acabar con las deficiencias organizativas de los juzgados.