La responsabilidad de aportar el dinero es sólo del Ayuntamiento

R. G. U. / Burgos

La primera pregunta a responder en la enmarañada historia del consorcio es si realmente estamos ante un problema importante o se trata de una de tantas polémicas municipales. En realidad es una cuestión vital para el municipio, ya que en el caso de que no se produjera un acuerdo y se realizara el embargo de parcelas, el consorcio se quedaría sin los activos que posee y de los que depende para obtener el dinero -con la venta de los terrenos con el que devolver los 96 millones que adeuda a CaixaBank y el ICO, que financiaron la expropiación y urbanización de la cuarta fase del polígono. En tal caso, ambos deudores se verían obligados a instar la liquidación del consorcio y la deuda recaería instantáneamente en el Ayuntamiento, lo que, a todas luces, es un enorme problema. Pero antes de llegar a esa conclusión merece la pena recapitular.

e¿De dónde viene el problema? El Ayuntamiento y la extinta Caja de Burgos constituyeron un consorcio para desarrollar las sucesivas fases del polígono de Villalonquéjar, regido por unos estatutos en los que figura que el municipio actuaba como agente expropiador y aportaba el suelo, mientras que la Caja se encargaba de la urbanización y venta de las parcelas. Además, la caja de ahorros financiaba la operación. En las tres primeras fases, de menor tamaño, no hubo problema y la demanda de plazas fue tal alta que se cubrían los gastos rápidamente. Hasta llegar a la cuarta ampliación, la que nos ocupa. Se dibujó una expansión de cuatro millones de metros cuadrados y, por primera vez, se incorporaron a la factura del consorcio el coste de los sistemas viarios (calles y carreteras) que antes asumía el Ayuntamiento. Eso encareció el precio final de las parcelas, que superaba los 90E/m2, con un valor aproximado de venta al público total cercano a los 100ME. Al principio se reservó más del 80% del suelo con un adelanto del 10% del precio de la parcela, pero la demora en la urbanización hizo que el inicio de la comercialización coincidiera con la llegada de la crisis y se retiraran las reservas. Como en las anteriores ampliaciones había tanta demanda que si un empresario se iba pronto llegaba un sustituto nadie creyó conveniente penalizar  económicamente a quienes se retiraban y el consorcio se descapitalizó rápidamente. Sin liquidez para hacer frente a la deuda financiera por la financiación de las obras y la expropiación, que en este caso no mantenía sólo Caja de Burgos, sino que se hizo al 50% con el ICO, han ido llegando los vencimientos, que no se han podido pagar. El consorcio negocia con CaixaBank y el ICO una renegociación de esa deuda. Y, entretanto, llega la sentencia que eleva el coste de la expropiación en 12,5ME.Sigue en la edición impresa