Achacan al coste del HUBU el recorte en atención rural

L. B. / Burgos

Los responsables locales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) en el área sanitaria y del Sindicato Independiente de Sanidad de Castilla y León (SIS-CyL), Rafael Gómez-Galarza y Celedonio García, lo tienen claro: «Los recortes de plazas de médicos y enfermeras en zonas rurales se deben a la mala gestión de los recursos y servirán para pagar el escandaloso coste del Hospital Universitario de Burgos».

Así lo denunciaban ayer al tiempo que criticaban las «verdades a medias» esgrimidas por la Junta para justificar la reordenación de personal de Atención Primaria.

«Puede que no se cierre ningún consultorio pero sus horarios se han modificado y reducido, sobre todo en los pueblos pequeños, por lo que el deterioro de la frecuencia y la calidad de la atención es evidente», explicó García y cuestionó el empeño del consejero de Sanidad, Antonio Sáez, por aferrarse a los cupos óptimos de pacientes por sanitario «sin tener en cuenta la particular orografía de la provincia, su clima y el aumento de población que experimentan ciertas zonas en los meses de verano».

Tampoco, aseguró, «se contempla el factor de la edad de los habitantes de los pueblos». «Con estas medidas nos empujan a vivir en las ciudades», añadió.

En concreto, CSI-F y SIS-CyL subrayaron que la reestructuración resta un total de 22 médicos y 8 enfermeras de la provincia frente a las 9 y 11 plazas, respectivamente, que suma en zonas urbanas. «La pérdida es evidente», concluyó García.

Gómez-Galarza por su parte detalló la «realidad del Hospital Universitario» que, aseguró, dista de lo que la Junta anunció para «justificar su privatización». Así subrayó que tanto el coste como el canon anual «se han disparado» y «no solo no han penalizado a la empresa por retrasos en la obra, si no que se las ha premiado con más dinero y un aval para acceder a un crédito del Banco Europeo de Inversiones por una cifra de 128 millones», recordó el responsable de sanidad de CSI-F.

Se detuvo, a modo de ejemplo, en la cantidad que Sacyl paga a Eficanza por la comida diaria de los pacientes ingresados. «Serunión la subcontrata por entre 13 y 14 euros y Eficanza cobra a la Junta 21,89 euros. La diferencia arroja un beneficio anual para la concesionaria de 1,4 millones, lo que cuesta todo el personal de hostelería que, por cierto, se ha reducido un 16%».