La nueva ley de universidades es «un intento de privatización»

MARTA CASADO / Burgos

El responsable de Universidades de Fete-UGT, Ramón Sans Fonfria, aseguró ayer en Burgos que la reforma de la ley universitaria (Lomlou) «parece un intento por privatizar la gestión de las universidades». Señaló que si bien el Gobierno mantiene debate sobre el cambio de esta norma con la conferencia de rectores (CRUE) no hace lo mismo con los trabajadores de los centros. La secretaria de Estado Montserrat Gomendio aseguró que se estaba negociado con los representantes de los trabajadores, algo que su representante nacional ha negado. «La secretaria de estado mintió vilmente, no ha habido reunión alguna con los representantes de los trabajadores ni convocatoria a la misma», apuntó. Al mismo tiempo indicó que  el hecho de que no haya un grupo de trabajo con representantes de los trabajadores «no va por buen camino la negociación».

Entre las críticas a lo que se va conociendo sobre el nuevo documento ha criticado la división de las 50 universidades publicas en un ranking de centros en función de su potencial de investigación y docencia. Según explicó Sans Fonfria habría tres grandes grupos. El primero de las 10 universidades con más carga investigadora, 20 centros con carga investigadora y docencia a partes iguales y otros 20 más que se dedican básicamente a docencia. «Este ranking será determinante a la hora de fijar la financiación de cada centro y preocupa y mucho porque afectará al mapa de titulaciones que además vertebrará diferencias entre territorios». Explicó que este cambio debe ir asociado a una mejora en el mapa de becas. «Si ya no se vertebra territorio y un estudiante tiene que residir en otro lugar para optar a la titulación que desea no llegan los 1.500 euros de beca actuales».

El principal problema radica en la financiación. El pasado lunes se celebró en el Congreso una reunión entre sindicatos europeos de enseñanza y los candidatos a las elecciones europeas. Allí se habló de nuevos descensos de inversión en educación. «Se ha afrontado una reducción del 3,9% pero se quiere sumir una bajada ahora del 4,2%, eso es insostenible». Aseguran que la aportación del PIB a educación es un porcentaje similar al que dedican países como Mauritania, Ecuador o Croacia y Polonia.

Tasa de reposición del 50%

La falta de financiación repercute directamente en la plantilla. Desde Fete UGT aseguran que la tasa de reposición es del 10% para personal docente e investigador y nula para el personal de administración y servicios. «Se generan contratos laborales que parecen interinos de interinos. No hay forma de preparar clases con un año vista porque la contratación es por un año y puede que no se vuelva a producir... la universidad debe tener un 50% de plantilla estable», sentenció Sans Fonfria. En la misma línea se expresó sobre las líneas de investigación en la universidad. «Está asociado a la docencia y para asentar equipos es necesaria la permanencia», apuntó. Por otro lado remarcó que el cambio que la nueva norma establece al gobierno de las universidades hará que éstas pierdan su funcionamiento democrático. «Si el consejo social y el de gobierno, cuyos nombramientos implican tendencias políticas, define al rector esto se convertirá en una especie de Tribunal Constitucional porque estos organismos nombran rector y después el rector elige su equipo... es como montar un a empresa con dinero público», insistió.