Un encuentro de desencuentros

L. B. / Burgos

De poco sirvió el ambiente amable que protagonizaba ayer la reunión entre el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, y los representantes de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, María José Pereda, Ana Moreno, Pablo Oyagüez y Fernando San Martín. La Junta jugaba en casa, pues la cita tuvo lugar en la delegación territorial del Gobierno regional, y aunque el encuentro se prolongó durante más de una hora no logró mover ni un ápice las posturas enfrentadas de ambas partes, que al término de la conversación defendían los mismos argumentos a favor y en contra del modelo de construcción y gestión del Hospital Universitario.

A favor, como siempre, se mostraba el responsable de Sacyl. Sáez Aguado consideró que en las críticas del colectivo ciudadano «hay errores de apreciación» y lamentó que todos los problemas del centro sanitario, «que los tiene, como todos», se achaquen al modelo concesional. Puso como ejemplo la lista de espera, «que es elevada también en otros hospitales de la región».

Sobre el coste de la obra y del equipamiento, Sáez recordó que se incrementó finalmente porque se amplió el proyecto inicial para ganar camas, consultas y servicios. «Es algo que también ocurrió, y en mayor medida, en el Río Hortega de Valladolid, cuya obra realizó la Junta», indicó para afirmar con rotundidad que «sin este modelo de colaboración público-privada actualmente Burgos no tendría nuevo hospital».

No convencía esta sentencia a los representantes de la Plataforma por la Sanidad Pública. María José Pereda cuestionaba que las bondades de esta fórmula sean tantas como las que exponía Sáez y, sin embargo, «el consejero nos reconozca que no se va a volver a utilizar en futuros proyectos como el de Palencia».

Tampoco hubo acercamiento en lo relacionado con el coste y la eficiencia actual del funcionamiento y en la trasparencia mostrada por la Administración sobre las condiciones de explotación, la supervisión y los resultados económicos.

Sáez aseveró que la Junta ha dado a conocer toda la información por los cauces oportunos y señaló que los datos que maneja la consejería de Sanidad constatan que el gasto que genera el complejo burgalés «es similar al de cualquier otro hospital de Castilla y León».

Además, el consejero remató su defensa con una alusión al «alto grado de satisfacción de los usuarios» que revelan las encuestas realizadas por el propio HUBU.

Nada sirvió para cambiar la opinión de los representantes de la Plataforma por una Sanidad Pública, que anunciaron que mantendrán todas sus acciones de protesta, incluida la manifestación del próximo día 12. «Invitamos a los ciudadanos a que acudan para expresar su opinión y demostrar a la Junta que los burgaleses no quieren este modelo», indicó Ana Moreno.

Litigios con Eficanza

Mención aparte merece la referencia que hacía el propio consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, a los litigios que mantiene actualmente Sacyl con la empresa concesionaria, Eficanza, por diferencias en la interpretación del contrato. Son cuatro los asuntos que ‘enfrentan’ a ambas partes. Sáez subrayó la factura energética del hospital como ejemplo de que «la Administración vela por un gasto ajustado».

Y es que Sanidad considera que el consumo considerado por la empresa es excesivo «al superar el estándar contemplado» y rechaza pagar la cantidad exigida por la empresa. Lo dirimirán los tribunales. Por su parte, la Plataforma critica que el concepto exagerado lo fija el propio acuerdo al incluir una tarifa «desmedida» de 20 céntimos por kilovatio, según señaló al respecto Pablo Oyagüez.

En la misma situación se encuentra el coste de la esterilización, el resultado del reequilibrio financiero por el aumento de inversión en equipamiento y el cálculo de tarjetas sanitarias de usuarios potenciales del HUBU.

Además, Sáez trató de desmentir que el contrato con Eficanza garantice el enriquecimiento de la empresa: «La prueba es que ellos mismos reconocen que suman ya 14 millones en pérdidas». Fuentes de la empresa confirman este dato que achacan «al retraso en la aplicación del nuevo canon».