Sólo el 20% de los afectados por ofertas de trabajo fraudulentas se decide a denunciar

MARTA CASADO / Burgos

La llamada esperada por los más de 30.500 burgaleses que están en paro a veces llega. La esperanza por tener, por fin, trabajo se torna en un nuevo capítulo de desesperación cuando lo prometido no se cumple o, incluso, la oferta de trabajo se traduce en impagos, horas no reconocidas, pruebas interminables fuera de la provincia de las que de su resultado no llegan a saber nada, topes comerciales imposibles de lograr para cobrar una cantidad mínima... A todo eso se suma la economía sumergida que es la única salida para los 11.800 burgaleses que no perciben ningún tipo de prestación. «Se ha desarrollado en algunas pequeñas empresas la ingeniería de la artimaña para que el trabajador salga gratis», reconoce el secretario provincial de UGT, Roberto Gómez.

Se detectan más actividades abusivas, más irregularidades pero es raro que ese conocimiento se transforme en denuncia. Sólo el 20% de los trabajadores que se han visto afectados por algún tipo de estafa de este tipo denuncia los abusos. «La precariedad que existe hoy día es de asustar, las ofertas de trabajo fraudulentas y las empresas actúan con una impunidad absoluta aún así la necesidad de pagar facturas o el miedo a que si denuncias no te vuelvan a llamar echa para atrás muchos de estos procesos», puntualizan desde UGT.

En los sindicatos se ha detectado la franquicia de una tienda de ropa que elaboraba un periodo de pruebas antes de elegir al personal que contratan. El proceso de selección se llevaba a cabo durante tres o cuatro días en una tienda de otra provincia con jornadas de 11 a 12 horas sin contrato y la contratación nunca llegaba a término. Hay «denuncias constantes» de este proceso de selección, que se cree pueda repertirse en otras provincias. Otras denuncias versan sobre el sector de agentes comerciales. Hay contratos de agencias de energía por 30 horas pero la jornada se desarrolla por pueblos donde pasan más de 70 horas. «Duplican el horario e intentan que los clientes se cambien sí o sí, después pocas son las cantidades que se les reintegra a estos trabajadores que superan sus horas de contratación con creces», señalan.

Desde los sindicatos reclaman que se haga frente a esta «impunidad absoluta». Al mismo tiempo reivindican la necesidad de que todos los trabajadores pongan en conocimiento de la Inspección de Trabajo la situación. «Es que es un goteo constante de prácticas irregulares que luego no llegan a ninguna parte porque a estos trabajadores estafados, en muchos casos, les falta unirse todos para hacer algo», señalan Gómez.

 El 27 de abril de 2012 el Consejo de Ministros lanzó el Plan de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Un proyecto que permite coordinar de forma transversal los diferentes órganos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social con el apoyo de gobiernos autonómicos como el de Castilla y León con el objetivo de acabar con estas prácticas abusivas y la economía sumergida. Según respuesta parlamentaria a la pregunta realizada por los diputados burgaleses del Partido Popular (Sandra Moneo, José Máximo López y Gema Conde), en la provincia se realizaron un total de 2.891 inspecciones que localizaron la contratación irregular de 614 trabajadores durante el año 2013. También se realizaron un total de 450 actuaciones inspectoras para localizar empresas ficticias. De ellas se detectaron 55 que, al mismo tiempo, conllevaron la anulación de 201 altas en la Seguridad Social. En cuanto a la lucha contra el fraude por el cobro irregular de prestaciones de desempleo se realizaron 586 investigaciones de las que 177 fueron positivas. Esta actividad de seguimiento generaron 1,7 millones de euros en sanciones en materia de Seguridad Social y trabajo irregular de extranjeros. La recaudación en la Seguridad Social por los expedientes liquidatorios fue de 6,1 millones.