La caída del 70% de los afectados por ERE augura la cifra anual más baja desde 2008
Burgos sumó 1.445 entre enero y junio de 2014 frente a los 4.843 de hace un año. UGT rechaza celebrar una tendencia que vincula con la precarización del empleo
L. B. / Burgos
Seis años después de que la crisis irrumpiera en la economía española se suceden los datos que apuntan a un cambio de tendencia, al menos estadística y sobre el papel. A esta ‘oleada’ de indicadores se sumaban recientemente las cifras de regulación de empleo, publicadas periódicamente por el Gobierno. Burgos esta vez cumple con la norma nacional al reducir en la primera mitad del año la cantidad de expedientes autorizados y de trabajadores afectados por estos procedimientos.
El descenso es más que notable y en términos porcentuales alcanza el 70% de caída interanual. Es el resultado de comparar los 1.445 empleados de la provincia afectados por un ERE entre enero y junio de 2014 y los 4.843 que habían pasado por esa situación en el mismo plazo de 2013.
De mantenerse este ritmo el saldo anual rondaría los 3.000 afectados, cifra que, aunque dista de los apenas 518 de 2007, sería la más baja de la época de recesión que comenzó en 2008 con un total al cabo de aquel ejercicio de 4.765 empleos involucrados en expedientes de regulación. Cuatro años después, en 2012, y por aquello de que en Burgos la crisis llegó más tarde según afirman patronal y sindicatos, el dato se dispararía hasta los 14.638.
De vuelta a la actualidad cabe precisar que de los 1.445 trabajadores ‘alcanzados’ por despido colectivo, suspensión de contrato o reducción de jornada en el primer semestre del año, el grueso pertenece al segundo grupo, 1.245 en concreto. Lejos están los 62 afectados por expedientes de extinción de empleo y los 138 a los que se les recortaban horas de trabajo.
En la Comunidad la situación es muy similar. Castilla y León pasaba de sumar 18.409 empleados afectados por ERE en la primera mitad de 2013 a 7.094 hasta junio de 2014. El reparto por tipo de procedimiento es idéntico al que muestran los datos de Burgos. Y lo mismo ocurre en el conjunto del país al caer la cifra en un año de 199.569 a 91.169.
«No hay dónde rascar»
Hecho el repaso de los números, que en frío invita al optimismo, el análisis que los sindicatos hacen de las razones del descenso, por drástico que sea, borra de un plumazo cualquier atisbo de alegría. El secretario provincial de UGT, Roberto Gómez, lo tiene claro: «La caída es lógica porque no hay mucho más dónde rascar». Afirma que tras el «año dramático» vivido en 2012, alimentado principalmente por el sector de la automoción, «todas las empresas que podían acogerse a un expediente de regulación lo han hecho y las que no también lo han intentado». Celebra, eso sí, que la inmensa mayoría de los consumados en este tiempo hayan tenido la aprobación de los comités de empresa por entender estos que la desaceleración de la actividad convertía estas medidas en un mal menor.
Con todo, Gómez añade otro elemento clave para interpretar la actual tendencia: los cambios introducidos por la última reforma laboral, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que traía consigo una «desregulación absoluta» y abría la puerta «a opciones que hacen innecesario aplicar un ERE».
«Para empezar en estos años se han producido muchas jubilaciones que después no se han cubierto, lo que ha dejado plantillas muy ajustadas a las que, como la ley lo permite, los empresarios incorporan gente con contratos puntuales, temporales y precarios si necesitan incrementar el ritmo de producción y que se destruyen tan rápido como se crean cuando esa mano de obra no hace falta, sin coste alguno. Si se permite hacer eso, ¿para qué van a solicitar un ERE?», reflexiona Gómez. Lamenta además que la reforma del Partido Popular haya eliminado en el proceso de autorización de estos expedientes el filtro que antes suponían las oficinas territoriales de trabajo, cuya labor permitía detectar a tiempo regulaciones de carácter fraudulento que perjudicaban a los empleados. Sigue en la edición impresa