Portazo definitivo y unánime a la reforma judicial de Gallardón

Muerta y enterrada se presume ya la reforma del Poder Judicial planteada por el exministro Alberto Ruiz Gallardón que tantas ampollas levantó en Burgos antes incluso de iniciarse su tramitación definitiva. Así, si hace apenas una semana el nuevo titular de la cartera de Justicia, Rafael Catalá, evidenciaba la agonía de la controvertida propuesta, al anunciar un nuevo documento en el que se respetará la actual estructura de partidos judiciales, la comisión de Justicia del Senado le asestaba ayer el golpe de gracia al aprobar por unanimidad una moción socialista, defendida por el burgalés Ander Gil, en la que se insta a mantener la presencia de juzgados en los municipios que no fueran capitales de provincia y a garantizar la permanencia de la sede del Tribunal Superior de Justicia en Burgos.El texto -registrado hace año y medio, en pleno auge del rechazo a la ahora fallida ley- salía adelante con el apoyo del Partido Popular tras aceptarse la inclusión de una enmienda transaccional promovida por su grupo parlamentario.Ambas formaciones se felicitaban por el paso dado para blindar «el actual mapa y las funciones de los partidos judiciales», según precisaba Gil, y la obligación de que «cualquier reforma de la Ley de Demarcación y Planta se haga en colaboración con las comunidades autónomas», indicaba el senador Jaime Mateu, en representación de los parlamentarios ‘populares’ por Castilla y León.En los dos casos, sus portavoces hacían especial hincapié en que este acuerdo servía para demostrar un «compromiso firme con el mundo rural», especialmente afectado por la reforma judicial ahora desterrada pues de mantenerse el empeño de Gallardón se hubieran suprimido seis de los siete partidos judiciales repartidos por la provincia, centralizándose la actividad en el de la capital burgalesa. A juicio del socialista Ander Gil esta reorganización «impondría una distancia insalvable para acceder a este servicio público, con especiales consecuencias en este territorio dadas sus características».El consenso alcanzado en la Cámara Alta por los dos partidos mayoritarios sobre los dos aspectos más controvertidos de la reforma judicial de Gallardón no es nuevo pues ya se materializó en el Congreso el año pasado. No obstante, en la actualidad reforzará la tensa calma con la que, en los últimos meses y a falta de declaraciones al respecto, aguardaban el próximo movimiento las numerosas instituciones locales que siempre han manifestado su rechazo al desdoblamiento de la sede del Alto Tribunal y a la supresión de los partidos judiciales que contemplaba la ley de Planta y Demarcación Judicial.  Sigue en la edición impresa