MUNICIPAL
UPyD reclama que se gire el IBI de las fincas que han sido recalificadas según su uso
Denuncia la situación de un centenar de propietarios que pagan más desde la aprobación del PGOU
Unión, Progreso y Democracia daba a conocer ayer la situación de al menos un centenar de propietarios de fincas rústicas, en barrios periféricos de la ciudad, que han visto incrementado sus impuestos municipales después de que sus terrenos se hayan recalificado como suelo urbano. El portavoz del Grupo municipal UPyD, Roberto Alonso, aseguraba que en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) la hectárea de suelo rústico se paga a 5,5 euros, mientras que la hectárea de suelo urbano se paga a 534 euros. En 2011 esas diferencias iban de 5,5 euros por hectárea de suelo rústico a 435 euros por hectárea urbana. Mientras que el IBI de suelo rústico ha subido un 1% (entre 2011 y 2014) y el IBI urbano ha subido un 65%. La recalificación ha supuesto que los propietarios pasen a pagar un 9.485% más, cuando muchas de estas fincas siguen teniendo uso agrícola, en el mejor de los casos, y no está claro cuándo puedan verse desarrolladas urbanísticamente, tal y como está la situación de la construcción.
Alonso pretendía llevar esta preocupación al Pleno que se celebra esta mañana, de cara a solicitar al Ayuntamiento que se giren los recibos del IBI de acuerdo al uso real de las fincas y no según el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Sin embargo, UPyD ha agotado las 17 proposiciones que puede presentar anualmente y debe esperar al Pleno de enero. El portavoz de UPyD, que criticó el poco espíritu democrático del alcalde, Javier Lacalle, por no aplicar una excepción para dejarles presentar la moción, sí denunció ante la prensa la situación de este centenar de propietarios de terrenos en barrios periféricos como Villatoro, Villafría o Villagonzalo Arenas, entre otros.
Alonso citó el caso de una mujer que por esta recalificación «ha tenido que pagar 6.000 euros correspondientes al IBI por unas fincas provenientes de una herencia que tiene alquiladas para su explotación agrícola y que, escasamente, le reportaba 2.500 euros de alquiler anual». Según manifestó el líder de esta formación política, «esta mujer teme correr un riesgo de ser embargada por impago». En este sentido, indicó que existe una sentencia del Tribunal Supremo, con respecto a un caso similar en la provincia de Badajoz, según la cual se entiende que «no se deben girar recibos de IBI urbana hasta que no se hayan realizado intervenciones urbanísticas sobre las fincas».