Burgos redacta el manual de buenas prácticas del Estatuto de la Víctima
Es la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa de Burgos la encargada de su composición / El documento complementará el reglamento, en el ámbito restaurativo, de cara a una futura norma
Vista interior de los juzgados de Burgos.-RAUL G. OCHOA
Durante los último meses, el ministerio de Justicia ha estado asesorado por la Sociedad de Justicia Restaurativa de Burgos, encabezada por Virginia Domingo, en materia de Justicia Restaurativa debido a su inclusión en el Estatuto de la Víctima.
Sin embargo, la reciente salida del ministerio de Alberto Ruiz Gallardón y la entrada de Rafael Catalá implicó a la sociedad burgalesa «retomar contactos y tantear la voluntad del nuevo ministro», según explicó la presidenta de la sociedad.
«Nos preocupaba el hecho de que se acabara la legislatura y, aunque el Estatuto de la Víctimas se va aprobar antes de que finalice porque están obligados por una directiva europea para todos los estados miembro, sí queríamos conocer el interés del nuevo ministro en materia de Justicia Restaurativa», explicó.
En este sentido, las sensaciones «fueron positivas» ya que, el nuevo ministro de Justicia requirió a la sociedad «la elaboración de un documento de buenas prácticas en Justicia Restaurativa». Este escrito tendría por objeto «uniformizar el servicio a nivel nacional de cara a una futura norma de desarrollo del Estatuto de las Víctimas».
Además, «entendieron que los Servicios de Justicia Restaurativa deben estar financiados» para «llegar a todas las víctimas y no sólo a quien pueda pagar por un servicio que se le debe ofrece de forma obligatoria».
¿Qúe recoge?El manual de buenas prácticas recogería cinco puntos fundamentales. El primero de ellos es que «los servicios en Justicia Restaurativa no deben limitarse a determinados delitos sino regirse por casos particulares», comentó Domingo. En segundo lugar, «es clave destinar tiempo suficiente para trabajar con cada caso, sin limitaciones».
Además, «al tratar con víctimas, los mediadores o facilitadores, deberán no sólo tener conocimientos jurídicos sino competencias enfocadas al tratamiento del trauma».
El documento recoge «un aspecto clave en cuanto al infractor», comenta Domingo. «Siempre se nos dice que para iniciar un proceso de Justicia Restaurativa el infractor debe haber reconocido el delito pero, el manual hace una matización y es que, habitualmente, el infractor no reconocerá el delito a priori por lo que hay que dedicarles tiempo y trabajar de forma individual antes de una reunión conjunta para que asuman su responsabilidad».
Por último «sería fundamental que quien trabaje en servicios de Justicia Restaurativa se desligue de su profesión de origen y tenga dedicación exclusiva», asevera Domingo, «debe ser una profesión independiente».-Más información en edición impresa